Por Victoriano Martínez
Sea para un desarrollo inmobiliario residencial de lujo, para un desarrollo industrial, para proyectos carreteros de cuota con concesión federal o estatal, o hasta para una explotación minera, el asedio empresarial para despojar de sus tierras a ejidatarios y comuneros tiene en común la complicidad entre las autoridades ejidales, comunales, municipales, estatales, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional.
Ejidatarios y comuneros son un recurso humano desechable en tanto representen un obstáculo para los negocios que se pueden realizar en sus tierras, así que se las pueden comprar con pagos miserables, promesas de beneficios que no van a cumplir, unírseles como avecindados para después pretender expulsarlos, hasta las amenazas y otras graves maniobras.
La ola de asedio sobre la propiedad social llegó a finales de 2022 al Ejido Corcovada, en Villa Hidalgo, en donde varias empresas relacionadas con el Grupo Salinas, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, presuntamente buscan instalar una cementera, aunque con trabajos de exploración relacionados más con una explotación minera.
Los empresarios pidieron autorización a los ejidatarios para los trabajos de exploración en el subsuelo, pero nunca les informaron sobre lo que encontraron, a pesar de que por lo que obtuvieron creció el interés por apropiarse del territorio.
Por una muestra del material extraído que los ejidatarios obtuvieron circunstancialmente, detectaron que entre los metales presentes en la zona se encuentran oro, plata y mercurio. Un potencial de ganancias que explica la complicidad de las autoridades para favorecer la desincorporación de las tierras ejidales.
Aunque se habla de una compraventa de 481 hectáreas, para la que incluso se convocó a una asamblea como único punto del orden del día y por encima de una suspensión de amparo, un hecho es que ese tipo de transacción no es posible en tierras ejidales, para las que existe un proceso de desincorporación.
Una asamblea convocada que exhibe la complicidad del comisariado ejidal, Elías Rodríguez Ramírez, en tanto que el interés del entonces alcalde Ismael Vázquez Rodríguez por convencer a los ejidatarios de ceder a la pretensión de los empresarios forma parte de la cadena de complicidades entre las autoridades.
Apenas el sábado pasado, en el Ejido El Peyote, los ejidatarios rechazaron una oferta de pagarles a 47 pesos el metro cuadrado por 29 hectáreas que el Grupo Valoran pretende utilizar para la construcción del último tramo de la carretera San Luis Potosí-Matehuala por considerarlo un pago miserable, hoy se conoce el dato de que en Corcovada les ofrecieron 12.50 pesos por metro cuadrado.
“Y todavía dijeron que lo estaban pagando al triple del valor que valen aquí los terrenos”, expresó José Francisco Gutiérrez Aguilar, hijo de un ejidatario titular de Corcovada.
El proyecto Las Cañadas, en la comunidad de San Juan de Guadalupe; el intento por expropiar mil 888.99 hectáreas en el Ejido La Pila para un desarrollo industrial; la frustrada expropiación de 30.26 hectáreas por parte del Grupo Meta en el Ejido La Pila para construir un libramiento; la pretendida expropiación de 29 hectáreas en el Ejido El Peyote para terminar la carretera de cuota a Matehuala, y ahora la el intento por comprar 481 hectáreas en el Ejido Corcovada para una explotación minera configuran un patrón empresarial en busca de ganancias desproporcionadas y sin escrúpulos en perjuicio de comuneros y ejidatarios.
Del otro lado, los grupos de comuneros y ejidatarios inconformes que se movilizan en defensa de sus territorios dejan ver que cada vez opondrán mayor resistencia ante los abusos e intentos por despojarlos de sus tierras.
En el Ejido Corcovada, la ambición empresarial ha llegado a las amenazas abiertas contra quienes se oponen al despojo de sus tierras, al grado de que abren el riesgo de que la confrontación llegue a extremos de violencia.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los empresarios para lograr ganancias desproporcionadas? ¿Hasta dónde están dispuestos ejidatarios y comuneros por defender sus territorios? ¿Cuántos más ejidos y comunidades enfrentan un asedio empresarial?
