Abelardo Medellín
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no solo pretende rescindir el contrato con la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. a quien arrendó el terreno de 46 mil metros cuadrados ubicado en Lomas Cuarta Sección, sino que buscará que dicha empresa pague la renta del “año de gracia” que había otorgado originalmente, dado que no se cumplieron los avances en obra acordados.
La abogada general de la Universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, habló en exclusiva con Astrolabio Diario Digital sobre las implicaciones de la rescisión por común acuerdo que este viernes 11 de abril solicitó la UASLP a la empresa, y confirmó que, en primer lugar, la máxima casa de estudios no pretende renunciar a la renta y fianzas que debe entregar la empresa, sino que, por el contrario, se pretende cobrar la renta de todo el último año.
De acuerdo con el contrato, a la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. se le había otorgado un año de gracia en el que no se le cobraría la renta del espacio, a cambio de facilitar el arranque del proyecto que originalmente proyectaba construir un centro deportivo para la Universidad.
Sin embargo, la abogada explicó que, ante la búsqueda de rescisión por común acuerdo, se pretende recuperar la renta del último año que, de acuerdo con el contrato, asciende a 3 millones 450 mil pesos.
“Hay haberes sobre los cuales nosotros ya tenemos un derecho adquirido y que les estamos requiriendo el pago (…) desde nuestro punto de vista se da este año a cambio de algo para no hacer el cobro de la renta anticipada que por años se preveía el contrato. Y pues bueno, hay otros elementos ahí que también habría que este hacer efectivos”.
Sobre la solicitud de recisción, la abogada explicó que, a partir del viernes pasado, comenzó a correr un plazo de 30 días en el que la empresa deberá contestar a esta solicitud unilateral, de no contestar en ese plazo, en automático se litigaría para cancelar el contrato.
“Lo que nosotros inicialmente hemos hecho, fue notificarle a nuestra contraparte que consideramos que existen incumplimientos a las cláusulas contractuales y que le solicitamos la terminación anticipada del contrato y para ello le remitimos un convenio de terminación anticipada, solicitándole que en el plazo de 30 días seguidos a la notificación, nos entregue el inmueble en posesión de ellos y que nos informen si se acepta la suscripción o no del convenio que nosotros proponemos en nuestros términos, precisamente para dar por terminada la contractual”.
Navarro Sánchez confirmó que el proceso por el cual se buscó llegar a esta solicitud de terminación anticipada, comenzó desde el mes de diciembre pasado, cuando el Consejo Directivo Universitario determinó que la oficina de la abogada general debía decidir sobre qué acciones debían seguirse en torno al contrato.
De igual manera, la abogada afirmó que desde que se hizo del cargo, en junio del 2024, la empresa VEM S.A. de C.V. nunca se contactó con su oficina, y no fue hasta que se ventiló la posibilidad de que se edificara un centro comercial en el sitio, que advirtieron posibles incumplimientos por parte de la empresa arrendadora.
“Es hasta que ustedes hacen la investigación derivado de que el despacho, yo ahora recientemente lo supe por las propias personas, que se llama Elipsis, que es el despacho de diseño que le pertenece al sobrino de Fabián Espinosa Díaz de León, es el que publica o filtra este render sobre la plaza comercial (…) entonces es a partir de eso, que ustedes hacen la investigación, que se hace público el tema y que entonces a mí se me pide hacer una revisión del estado del contrato y sobre el que yo me pongo a justamente hacer ver los pormenores de lo que hay bajo resguardo de la oficina”.
A partir de ese momento, la oficina de la abogada general, exploró diversas opciones para rescindir el contrato sostenido con VEM y se tomó la decisión de que la mejor vía era una solicitud de terminación anticipada, en común acuerdo con la empresa.
Otra de las vías que se exploró, fue dar nulidad al contrato mismo, dado que la persona que firmó el contrato, el ex abogado general Joel González de Anda, firmó a nombre de la universidad tal acuerdo, situación que excedió su mandato y por lo cual ya se ha iniciado una investigación.
“El órgano de control interno ya tiene una investigación abierta sobre eso, para determinar si existe responsabilidad o no a cargo todavía de personas que siguen siendo parte de la comunidad universitaria, es decir, aunque el exabogado general ya no sea abogado general, sigue siendo profesor de la Universidad, está sujeto aún bajo la jurisdicción de la Universidad y determinar si existen otras personas también que tengan algún otro tipo de responsabilidad”.
