Fernanda Durán
A más de ocho meses de que la pasada legislatura del Congreso del Estado dictaminó a favor de una iniciativa para tipificar la violencia vicaria, el tema sigue sin resolverse en el Pleno.
Aunque en su momento se prometió que el dictamen avanzaría, el arranque de la actual LXIV Legislatura vino acompañado de una decisión que provocó nuevos retrasos: los dictámenes listos fueron regresados a comisiones bajo el argumento de una nueva revisión.
En este contexto, la diputada Roxanna Hernández Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), promovió el pasado 8 de abril una nueva iniciativa para incorporar al Código Penal del Estado el delito de violencia vicaria.
Con esta propuesta, ya suman tres iniciativas en la materia que están en análisis y que han sido calificadas como urgentes, tanto por legisladores como por organizaciones civiles.
La iniciativa de Hernández Ramírez busca adicionar el artículo 206 Bis al Código Penal estatal, estableciendo penas de dos a ocho años de prisión, además de sanciones económicas y la posible pérdida de derechos parentales para quien cometa violencia vicaria.
Esta se define como aquella en la que se utiliza a los hijos o hijas como medio para causar daño físico, psicológico o emocional a una mujer con la que se haya tenido una relación afectiva o familiar.
Asimismo, contempla agravantes cuando el delito se cometa a través de terceros o cuando el sujeto activo sea hombre y la víctima una mujer.
Un trabajo ya avanzado
Desde el 2 de julio de 2024, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó dos dictámenes que integran propuestas previas: una de la diputada Gabriela Martínez Lárraga y otra de la ciudadana Isabella María Lastras Martínez. Estos plantean reformas no sólo al Código Penal, sino también al Código Familiar, incluyendo la definición de violencia vicaria, su prohibición en el ámbito parental y su consideración como causa para la pérdida de la patria potestad.
La aprobación de estas reformas aún está pendiente de ser votada.
Durante la reunión en que se avalaron los dictámenes, estuvieron presentes representantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria como Carla Ress García, quien urgió a las y los legisladores a visibilizar esta forma de violencia.
“Hoy en día la Suprema Corte de Justicia nos da la razón que ya no es inconstitucional, realmente es una violencia que existe y que daña muchísimo a las infancias y a las mujeres”, expresó Ress García, quien también llamó a impulsar capacitaciones para operadores de justicia.
Del debate político al llamado social
Durante 2024, la tipificación de la violencia vicaria generó controversia dentro de la LXIII Legislatura.
Algunos diputados consideraban que debía esperarse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de legislar al respecto, ya que consideraban que también debían tomarse en cuenta los casos que afectan a los hombres, pues la violencia vicaria es definida como una violencia contra las mujeres únicamente.
En contraste, voces como la de la diputada Martínez Lárraga insistieron en que no había razón para frenar las reformas.
Finalmente, el 26 de febrero de 2024, la SCJN avaló la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de San Luis Potosí, incluyendo la definición de violencia vicaria, tras declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Un caso reciente que refleja la urgencia
Mientras las iniciativas continúan en análisis legislativo, casos como el de Ian Yael Escobedo Juárez, un niño de cuatro años desaparecido desde hace más de tres semanas, reavivan la discusión pública.
Su madre ha señalado que el menor fue sustraído por su padre, sin que las autoridades hayan actuado con eficacia para localizarlo.
“La Fiscalía ha dicho que saben dónde está, pero no han hecho nada. Se han dado muchas esperanzas, pero no hay acciones. Esto no es un juego”, reclamó Karla Daniela Juárez Martínez durante una marcha realizada el 16 de abril, en la que participaron decenas de ciudadanos para exigir justicia y visibilizar la violencia vicaria como un problema real y urgente.