Por Victoriano Martínez
Difícilmente un comprador de buena fe tendría que recurrir a maniobras como las que hoy enfrentan seis ejidatarios de Corcovada por parte del abogado que llegó con la representación de la empresa CEMAT Construction, que pretende explotar su territorio, y ahora se asume como defensor de los intereses del Ejido.
Rafael Arpayán García, quien hoy dice ser asesor del Ejido, según informó uno de los afectados, presentó denuncia en contra de seis ejidatarios por supuestas agresiones y amenazas.
Como efecto de esa querella, las personas señaladas comenzaron a recibir la visita de policías de investigación con motivo de la investigación iniciada ante las acusaciones del abogado, quien presuntamente sustituyó al asesor jurídico del Ejido quien recientemente falleció.
Una indagación que representa un acto de intimidación en contra de quienes se oponen a la ocupación de su territorio por una empresa privada sobre la que tienen sospechas fundadas de una pretensión de explotación, sea de materiales o minera, que afectará las condiciones ambientales actuales del territorio ejidal.
Bastaba con que se corriera la voz sobre el acoso enfrentado por los seis acusados que al mismo tiempo significaría una maniobra intimidatoria para que los demás ejidatarios con intenciones de oponerse a la desincorporación de parte de sus tierras reconsideraran su postura.
No obstante, para el domingo 13 de abril la querella tuvo dos efectos adicionales: (1) elementos de la Guardia Civil estatal se presentaron para imponer medidas de protección a favor de Arpayán García y evitar que los acusados se le acercaran, y (2) además llegaron a la reunión dos camionetas de elementos policiacos con la misma intención.
Independientemente de que el Gobierno del Estado se deslinde de las autorizaciones para la explotación que pretende la empresa CEMAT Construction, la diligencia con la que se atiende la denuncia de Arpayán García con tal capacidad de movilización policial va más allá de una acción preventiva contra los acusados y se vuelve un desplante de demostración de capacidad de medidas en contra de la totalidad de los ejidatarios, en tanto se opongan al proyecto.
Pactado o no entre la empresa y las autoridades estatales, el hecho de que el abogado llegó por la vía de CEMAT Construction, que la acusación –según los señalados– tiene como base los reclamos y aclaraciones que le hicieron en una reunión ejidal realizada el 24 de marzo por inclinarse a favor de la empresa y que las acciones preventivas se manifestaron de manera ostentosa en la reunión ejidal del 13 de abril, configuran una estrategia para acallar las voces disidentes.
Si cuestionar el 24 de marzo la representación que tiene el abogado y su actuación tendenciosa para favorecer los intereses de CEMAT Construction tuvo como efecto denuncias en contra de los seis quejosos, ¿a cuántos inconformes pudo acallar la movilización policiaca durante la reunión de 13 de abril?
Una forma de presión que comienza a configurar acciones que podrían ser extremas ante las dificultades que el cuestionamiento por parte de ejidatarios que defienden su territorio representa y que adquiere mayor peso ante la línea de la Procuraduría Agraria Nacional en el sentido de frenar la privatización de tierras en México.
Antes de tratar de convencer a los ejidatarios de que efectivamente tendrán un beneficio colectivo, una buena oferta por sus tierras y no habrá daños al medio ambiente en su territorio, la oposición al proyecto la pretenden contrarrestar con acusaciones endebles con apariencia de apoyo gubernamental estatal a través de intimidación policial.
¿Algún comprador de buena fe tendría que recurrir a ese tipo de maniobras? ¿No sería más fácil informar abiertamente las intenciones, especialmente cuando están bajo sospecha de anunciar una cementera y dejar indicios de que en realidad buscan una explotación minera? ¿O es que acaso sí hay engaño y los ejidatarios sólo saldrán perjudicados en tanto la empresa realiza un gran negocio a su costa?
