Desiree Madrid
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, anunció iniciará una investigación formal tras la difusión de un video en redes sociales que muestra una agresión contra una perrita en el municipio de Charcas.
Cuestionada sobre el tema, la fiscal reconoció que no tenía conocimiento previo del caso, pero se tomarán cartas en el asunto de inmediato.
“Hoy voy a checar los videos para abrir, aperturar, la carpeta correspondiente”, declaró ante medios de comunicación.
El hecho generó indignación entre los habitantes del municipio luego de que se viralizara un video en el que se observa como dos personas golpean a una perrita herida, identificada como “Tuti”.
El animal se encontraba tirado en la orilla de una calle, visiblemente inmóvil tras haber sido atropellado, pero los agresores continuaron atacándola con un palo, pese a estar frente a un menor de edad.
La persona que difundió las imágenes relató que intentó presentar una denuncia formal ante las autoridades locales, pero no fue escuchada.
“Ni siquiera tomaron la declaración. Si a los que les corresponde recibir denuncias no hacen su trabajo, aquí estamos para alzar la voz por los que no pueden”, expresó.
Asimismo, compartió que pese a los intentos por salvar a Tuti, no sobrevivió.
“Intentamos salvarla, pero Tuti terminó muriendo en mi casa. La dejaron como basura, para que muriera de a poco, sin importarles el dolor que sentía, sin importarles sus llantos”, añadió.
Este no es un hecho aislado. En las últimas semanas, se han registrado otros casos similares en el mismo municipio como el de “Güerita”, una perrita callejera que fue atropellada días después de haber sido esterilizada con apoyo municipal, y el de “Chayito”, una perrita víctima de abuso y abandono cuyo caso, según testimonios, tampoco fue investigado a fondo.
Las y los habitantes del municipio exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades, así como sanciones ejemplares para los responsables. Recuerdan que en otros casos como el de la perrita “Hope” fue posible llevar a los agresores ante la justicia, por lo que piden que este caso no quede en la impunidad.
Con la intervención de la Fiscalía General del Estado, se espera que el caso de “Tuti” marque un precedente y no se repita el patrón de omisión institucional frente al maltrato animal.
La muerte de un animal como resultado de maltrato es sancionada con una pena de uno a cinco años de prisión, una multa de 200 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la inhabilitación por un periodo de hasta tres años para ejercer cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con el cuidado de animales, en caso de que el responsable se dedique a dicha actividad.
