Carlos Rubio
El control de daños del gobierno estatal por el caso Corcovada se puso en acción. El intento de apropiarse de la narrativa ya está en marcha, pero… ¿por qué?
Al salir en defensa del negocio que pretende establecer Ricardo Salinas Pliego en Villa Hidalgo, el Gobierno del Estado exhibió su contubernio con las empresas y, además, su fallida pretensión de que el tema se mantuviera oculto y con mucho sigilo.
Es sabido que cuando una gran empresa pretende realizar una inversión en San Luis Potosí, el gobernador es el primero en salir a dar la cara y alardear el hecho como un logro de su administración. Ha pasado infinidad de veces. ¿Por qué en esta ocasión no lo hizo?
No fue hasta la publicación de Astrolabio, que el gobierno estatal envió un boletín a medios de comunicación en el que confirma el proyecto en Corcovada, sin embargo, se esfuerza por posicionar un acostumbrado discurso: la inversión es positiva porque generará miles de empleos. Además de un muy notorio esfuerzo por despejar cualquier duda de que será una cementera y no un proyecto minero.
El comunicado de la Secretaría de Desarrollo Económico llegó a parar hasta las portadas de algunos medios locales que tienen una muy clara línea editorial marcada desde el Palacio de Gobierno.
Es por ello que no es poca cosa lo que pretende el Gobierno del Estado al desestimar la versión de que la cementera es en realidad una fachada para ahí instalar una minera.
Desde la aparición de un funcionario de la Dirección de Minería del Estado en una reunión de ejidatarios de Corcovada, hasta la defensa del proyecto a través de comunicados oficiales, este caso apesta al contubernio de un gobierno que, lejos de respaldar su lema “potosí para los potosinos”, se alinea a intereses de foráneos que buscan enriquecerse aún más a costa del pueblo.
Cómo le caerá al gobierno federal el saber que su “aliado” en San Luis Potosí negocia y le abre la puerta a Ricardo Salinas Pliego, uno de los principales rivales del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que constantemente se enfrenta y arremete en contra de Morena y sus simpatizantes.
Queda claro que, si la inversión que se pretende realizar en Corcovada atraerá únicamente beneficios, lejos de ocultarla, el gobierno estatal hubiera sido el primero en presumirla, por lo que resulta obvio que visualizaron varios puntos negativos que les generarían críticas y crearían una gran controversia, como la que existe ahora que el proyecto se ha revelado a nivel nacional.
Detrás de esa fachada de cementera hay intensiones ocultas, si no cómo se explica que se haya presentado una Manifestación de Impacto Ambiental para desarrollar en 95 hectáreas, cuando se pretenden adquirir alrededor de 500.
¿Será que el resto lo utilizarán para desarrollar escuelas, hospitales, parques y comercio en Corcovada? Sí como no.
Para entender más o menos la dimensión del proyecto, el Parque Tangamanga consta de 411 hectáreas. Es decir, que el posible proyecto minero abarcará todavía más territorio.
Esta es una contradicción más de un gobierno que vive de fachadas, ya que además emana de un partido político que se asume como “ecologista”, pero que lejos de ello apoya a empresas que claramente pretenden afectar el medio ambiente con negocios mineros y que además buscan engañar y someter a ejidatarios.
Este es el gobierno que ve por los potosinos… imagínese usted si no fuera así.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente director editorial de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.