Estela Ambriz Delgado
Luego de que las denuncias de estudiantes y padres de familia defraudados por el rector de la Universidad Potosina ubicada en avenida Carranza, Arturo Segoviano García, hayan permanecido congeladas desde hace casi un año, el caso será reactivado y se integrará un mayor número de quejas, además de que se buscará la intervención del Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó el abogado Jaime Soria Osornio.
En cuanto al proceso legal, el abogado expresó que están a punto de pasar a la segunda etapa, y se trabaja en las indagatorias de las distintas carpetas, para que se judicialicen en próximos días y se pueda vincular a proceso el acto en perjuicio de sus representados, las cuales fueron presentadas en junio de 2024.
Asimismo, hizo mención de que se les han unido más personas al grupo de representados, de las cuales se estarán ratificarán y asegurarán que procedan, por lo que estima que finalmente se rebasen las 50 denuncias.
El abogado consideró que el aumento de denuncias se debe a que se les habló con claridad a los afectados y se les expuso la realidad en cuanto al trabajo que se realizó anteriormente, pues hubo inactividad y deliberadamente la tramitación en lo procesal no se realizó.
“Se va a ampliar mucho el concepto de la denuncia, de hecho, se tiene la intención de garantizarles que se les pueda, de cierta manera reivindicar, en el perjuicio que tuvieron. También vamos a proceder tanto por la vía penal, la vía civil; vamos a agotar todos los recursos legales ante las instancias ya previamente establecidas que para el caso es a las que uno debe dirigirse”.
Pedirán la intervención del Gobierno Federal
Además de las acciones en materia legal, para darle mayor certeza al proceso, se solicitará al Gobierno Federal y a la SEP su intervención, para lo que tienen concertada una cita en las oficinas centrales en la Ciudad de México el próximo 12 de mayo; buscarán también ingresar a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo.
Soria Osornio estimó pertinente la medida, dado que el Registro de Validez Oficial de Educación (RVOE) de la carrera de Medicina es de competencia federal, y por tanto la solución en términos educativos y administrativos tendrá que ser ante la SEP y por la relevancia que tiene debe ser hecho del conocimiento del Gobierno Federal mediante el foro de la conferencia mañanera.
De igual manera, especificó que la intervención de SEP posibilitaría la conciencia de que se actuó con dolo, de una manera fraudulenta y que se les perjudicó forma significativa a los estudiantes y sus familias, pues el perjuicio no nada más se considera en el grado oneroso, sino moral, ya que se perdió tiempo y esfuerzo.
“Creo que hubo mucho dolo por parte de esta persona, porque aún sabiendo que estaba cometiendo una acción que les iba a perjudicar en muchos sentidos, nunca les advirtió. Él tuvo hasta el último momento beneficio económico, entonces es un fraude maquinado de una manera muy deliberada, de manera muy maliciosa, y los hechos por sí mismo son muy claros”.
Además del cobro de 7 mil pesos que Segoviano García hacía por certificados y bajas, el abogado indicó que se tiene conocimiento de que el rector hace uso de las instalaciones de manera clandestina y ofrece a los estudiantes un plan de estudios inexistente, dado que no cuenta con RVOE.
