Por. Eduardo Delgado
PARTE II (ULTIMA)
Tras refutarle al Ministerio Público, Hugo César Azuara Argüelles, asignado a Investigaciones Especiales, que le atribuye el homicidio culposo del pequeño Diego, el funcionario universitario, Armando Mariscal Mata, culpó a la responsable y a los dueños del complejo acuático “Woow”, del deceso del menor, registrado el pasado 17 de julio y de lo que este sábado se cumplieron tres meses.
Ayer le presentamos en astrolabio.com.mx, en una primera parte, un segmento de la declaración ministerial de Armando Mariscal mata, Coordinador del Baloncesto en el departamento de deportes de la Universidad Autónoma San Luis Potosí (UASLP), en la que juzgó que la decisión que tomó de Diego, de bucear cerca del extractor de agua, “la resolvió con imprudencia”.
Esta vez le ofrecemos la segunda y última parte, en la que el funcionario le reprochó al representante social que “tocante a un homicidio culposo, que, conforme al último de los citatorios, inexactamente me atribuye”
Por lo que, añadió, “le manifiesto que Usted violó en mi perjuicio mis Derechos Humanos de Seguridad Jurídica, defensa adecuada”, porque entre otras cosas, el citatorio que Azuara Argüelles le giró “adolece de una debida motivación”, argumentó.
Porque no señaló cuáles los hechos que investiga y que se le atribuyen, por tanto “no cuento con tales datos, quedando así en estado de incertidumbre”, añadió.
Más adelante arguyó que no puede ser imputado por omisión, dolosa o culposa, “porque de acuerdo a las circunstancias en que ocurrió el hecho… el suscrito no podía impedirlo, ni antes ni en el momento en que ocurrió”.
Adujo que los maestros e instructores de la UASLP ignoraban la existencia del ducto que bombeaba el agua de la alberca al tobogán y su fuerza de succión, “pues nunca fuimos informados de ello por el personal del balneario y aparte, no había en el camping ningún factor de riesgo”, según la inspección realizada por las autoridades de Protección Civil.
Enseguida refirió lo declarado por María del Rocío Alejandra Salazar Dritritt, encargada del balneario “Woow”, localizado en la comunidad de Jesús María, en el municipio de Villa de Reyes, a unos 40 kilómetros de la capital, en específico que al momento del activar los toboganes ella estaba en la alberca.
Lo que le da pauta para inculparla porque, añadió, “los toboganes se encendieron sin que personal del balneario hubiera verificado que todos los ductos tuvieran las rejillas de protección, pues como consta en la averiguación dos adolecían de ellas”.
Como responsable del balneario, advirtió Mariscal Mata, “no dice haber revisado ese importante aspecto ni haberse percatado de ello, ni mucho menos haber tomado las medidas necesarias para evitar que esa circunstancia se convirtiera en un factor de riesgo”.
Aseveró que de su parte “no tenía la obligación de conocer para que servían los ductos y si estos representaban un peligro para los usuarios” y además los toboganes no estaban funcionando “cuando llegamos”, acotó.
Refirió que el agua no era transparente y que ello “no permitió observar lo que ocurrió al fondo de la alberca”, lo que corrobora con la declarado por un niño que dijo haber visto a un hombre verter “como agua rosa a la alberca y el agua se puso como blanca”. Lo que agregó tampoco advirtió la responsable del centro acuático.
El funcionario sostuvo que esas y sumadas otras cosas “constituyen deberes de cuidado que debían y podían ser observados” por los dueños o la encargada del balneario y que por ende “su omisión tiene una objetiva relación de causalidad con el resultado (la muerte del menor)”.
“Circunstancias y factores de riesgo que solo eran del conocimiento pleno de los propietarios del balneario y del personal encargado del funcionamiento y mantenimiento”, subrayó.
Por tanto, añadió, “ellos sí pudieron haber impedido” el deceso de Diego, informando a maestros e instructores de la existencia de todos esos factores, “para que a sabiendas de ellos, estos decidieran no introducir a los menores a esa alberca”.
También con el cierre de la alberca de los toboganes, con la asignación de personal especializado frente los ductos para evitar que los niños se aproximaran a estos o con la colocación de señalamientos “alusivos al peligro”.
Por tanto, “como ninguna de esas medidas fue adoptada por ellos, entonces se establece a su cargo una omisión impropia”, toda vez que “tenían el deber jurídico de evitarlo por tener una posición de garantes de la vida de los usuarios del balneario”, derivado del contrato de prestación de servicios celebrado con la UASLP.
Para finalizar remató que el Ministerio Público no ha realizado ninguna investigación “para esclarecer lo anteriormente señalado, pues conforme al análisis de lo hasta ahora actuado, es evidente su tendencia de imputar dicho resultado, tanto al suscrito como a mis compañeros”, objetó.
