Texto: Eduardo Delgado.
Foto: CIDH.
El caso de Karla Pontigo Luccioto, de quien hoy se cumplen tres años de su deceso, sentaría un precedente nacional para la investigación de feminicidios. Anticipó Samuel Kenny, Coordinador de Incidencia y Comunicación, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización no gubernamental dedicada a promover el acceso a la justicia para las víctimas del delito, cuya intervención en este asunto fue importante para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera este asunto.
En entrevista con Astrolabio Noticias, concedida vía Skype, el activista de origen galo que radica en la ciudad de México, estimó que “ya es tiempo de que la familia de Karla tenga respuesta, certera y contundente, sobre lo sucedido” la madrugada del 28 de octubre en el inmueble marcado con el número 1465 de la avenida Venustiano Carranza, donde según la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por el ex titular, Miguel Ángel García Covarrubias, la joven se impactó con una puerta de vidrio y se produjo las lesiones que le ocasionaron su deceso al día siguiente.
Explicó primero que la fundación existe desde 2011 y su misión es proteger y defender los derechos humanos de personas en condición de vulnerabilidad, en especial en casos de graves violaciones a derechos humanos, lo que incluye desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros.
“La mayoría de los casos que tenemos son de migrantes, como el de la masacre de San Fernando, (Tamaulipas), en el que representamos a varias familias cuyos seres queridos fueron encontrados en fosas clandestinas”, comentó.
Tras examinar el caso de Karla, joven que trabajaba como edecán en el antro “Play”, detectaron que en este “como en el de los migrantes hay fallas estructurales en la impartición de justicia, en la investigación de los hechos, en particular en la práctica forense”.
Una de las fallas, expuso, consiste en la negación del acceso al expediente de las indagatorias. “Donde hay fallas en la impartición de la justicia, ese es primer obstáculo que encuentra una víctima y así no hay manera de impugnar, de verificar que las autoridades hicieron bien su trabajo ni comprobar si las pruebas periciales, en particular la forense, fueron bien realizadas”, detalló.
Ese, planteó, “es un obstáculo sistemático, estructural, en todos los casos graves, de homicidios con señales de violencia extrema, como el de Karla”, enfatizó.
El segundo elemento de violación, añadió, consiste en la negativa de la calidad de víctima, porque no se trata “únicamente de comprobar si la autoridad hizo bien o no su trabajo”, dijo.
A Esperanza Luccioto López,la mamá y otros familiares de Karla, no se les reconoció como víctimas. “Fueron minimizados y eso tiene un efecto tremendo para ellos”, condenó.
“Es lo que llamamos revictimización, volverte otra vez víctima”. La primera vez del hecho y la segunda al negarte la condición de víctima, caso en el que “hay un papel muy importante y es el de las autoridades, que al no reconocer su calidad de víctimas les está agrediendo otra vez”, explicó.
“Una autoridad que no da el trato adecuado a un familiar, que sufrió tremendamente los hechos, les está agrediendo a esta persona”, abundó.
En esa condición “tienen que hacer un largo camino”, como la madre de Karla, que luchó años para obtener ese reconocimiento y “que por fin obtiene, por lo mínimo de principio, con el simple hecho de que la Suprema Corte haya atraído el caso”.
En resumen, añadió, “se trata de las dos cosas: el hecho y el trato: El feminicidio se configura muy claramente y además todos los obstáculos al acceso a la justicia”, precisó.
“Aparte es sumamente preocupante que hay una violación sistemática de la violencia de género en el país y todavía la sociedad mexicana no abre los ojos sobre esa realidad, que pueden sufrir y que sufren diariamente muchas mujeres en México”, advirtió.
Estimó que el caso llegó a la Fundación para la Justicia, como se le conoce más que por su nombre completo, luego de que los abogados, Marco Barrera y Felipe Delgadillo, percibieron que “no había posibilidad de avanzar más por la justicia ordinaria, o sea que ya estaba parado todo y no había otra posibilidad que ir a la Suprema Corte”.
Recordó que el cuerpo de Karla fue exhumando y eso “no reposicionó la investigación; al contrario mantuvo la versión del accidente”.
Acerca de cuál sería la derivación ideal de este asunto para esta organización, sostuvo: “Tenemos esperanza de que la Corte defina todos los elementos para reiniciar la investigación, desde el inicio”.
“Esperamos que, como lo puede hacer, indique lo que debe hacerse paso por paso. Eso significa, por ejemplo, ordenar retomar los testimonios de las personas presentes en el lugar, que se abra una nueva investigación, no bajo homicidio culposo sino feminicidio. Eso lo puede dar como orden y cambia la investigación”, añadió.
A su parecer el de Karla fue feminicidio y por ende debe averiguarse si hay antecedentes de hostigamiento de parte de un hombre previo a los hechos; revisar el dictamen forense para ver si en el cuerpo hay indicios de violencia dirigida de género. “Son cosas muy específicas, muy puntuales, que puede decir la Suprema Corte y que para nosotros debe decir.
Los ministros, añadió, “tienen también la oportunidad de establecer estándares para todas las investigaciones en el país; pueden aprovechar de una vez para dictar obligaciones a los Ministerios Públicos, de todos los servidores, para investigar hechos similares”.
De si no se corre el riesgo de que pasados tres años pudieran perderse pruebas para el esclarecimiento del caso, Samuel Kenny admitió que sí, “pero eso no quita la posibilidad de investigar un hecho. Se puede indagar y encontrar cosas que fueron ignoradas o nuevas pruebas”, opinó.
Aparte, “hay indicios, muy fuertes, de una mala investigación y eso debe ser averiguado; los servidores públicos que hicieron mal su trabajo deben ser indagados, cuestionados y entrevistados, y eso en sí es una fuente de investigación; o sea hay múltiples (pruebas) y eso no descarta la posibilidad de que algún día haya justicia”.
“Deben ser investigados de por qué hicieron estos dictámenes periciales, que obviamente no son congruentes”, comentó.
- ¿Y sancionados?
- Eventualmente, según su grado de responsabilidad. Seguramente no todos tienen el mismo grado.
Sostuvo que una mala actuación implica una responsabilidad y la justicia debe determinar “si es una falta grave o un encubrimiento. Ahí está el debate, no está en otro lugar”, subrayó.
- ¿La fundación seguiría sobre este caso hasta que se sancione, no solo al o los responsables del feminicidio, sino incluso a los funcionarios responsables?
- Nosotros utilizamos todos los recursos posibles para que algún día haya verdad, pero no nos corresponde establecerla. Eso que quede muy claro, no somos especialistas. Lo que sí, que la justicia lo haga, que las autoridades de San Luis hagan su trabajo. Eso sí lo vamos a seguir mencionado hasta que se resuelva.
A insistencia de que si revelada la verdad, velarían para que se sancione a los servidores públicos cuya actuación podría resultarles en encubrimiento, aseveró que no se trata únicamente de hallar al responsable directo.
Porque lo grave en México es que no hay impartición de justicia efectiva y para impulsar un cambio estructural “solicitamos que la justicia investigue a todos los responsables, según su grado de involucramiento; que se investiguen y se sancionen de manera adecuada”.
Apuntó que otro de los objetivos de la fundación, encabezada por Ana Lorena Delgadillo, es también impulsar cambios estructurales en la impartición de la justicia. “La intención es que el caso de Karla sirva para establecer todas las responsabilidades y fallas que pueden existir en los feminicidios”, agregó.
En los cuales, “es el mismo patrón; los peritos llegan (al lugar de los hechos), conozco casos, y le dicen a la familia que limpien el lugar y ni si quiera toman fotos ni interrogan a los niños que pudieron estar presentes”, condenó.
“Hay un patrón sistemático de graves fallas de las policías, de todos los niveles, de los peritos y también de los jueces, por no impartir justicia, y eso debe ser un tema de debate en la Suprema Corte, que tiene que recordar las responsabilidades de todos los involucrados”.
En el caso de Karla, “nosotros no tenemos certeza (de presunta responsabilidad de servidores públicos) y eso quiero que sea muy claro, pero (la sanción) puede ir de la simple responsabilidad administrativa hasta la penal”, anticipó.
A su parecer, la resolución de la Corte puede prolongarse un buen tiempo, sin embargo “una vez atraído se va a resolver, se va estudiar y esa es la primera certeza”.
“Los tiempos de la justicia y aún más los de la Suprema Corte son lentos en comparación a la exigencia de justicia y el dolor de las víctimas”, lamentó.
El caso puede dilatarse porque está pendiente el relevo de dos ministros, “pero es posible que sea este año o el siguiente. Eso no se descarta. Si vemos otros casos, se tardan a lo máximo dos años, una vez atraídos”, precisó.
Finalmente destacó que el de Karla es el primero que llega a la Suprema Corte, “con el ángulo de la investigación en cuestión de feminicidio”, resaltó.
“Eso es clave. En cualquier impartición de justicia se necesita una buena investigación, por eso es muy importante que este caso haya llegado a la Suprema Corte, que va a poder dictar estándares sobre las investigaciones para todos los casos”, remató.
