Hoy se cumplen cuatro meses de la muerte de Diego.
Por: Eduardo Delgado.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo, reportó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), acumula una docena de quejas durante lo que va del año, entre éstas, la del caso de Diego González Ruiz, menor de 12 años de edad, de quien precisamente hoy se cumplen cuatro meses de su deceso en el complejo acuático “Woow”, al que fue llevado como parte de las actividades recreativas del campamento veraniego organizado por esa institución académica.
Sostuvo que la universidad es institución pública y sus trabajadores, servidores públicos, por ende sí es sujeta de recomendación por parte de ese organismo, precisó el ombudsman potosino.
Entre las doce quejas acumuladas, hay denuncias de maltrato a estudiantes, mujeres y hombres, “por cuestiones de abuso o acoso sexual; en el particular del “Woow” si nosotros vemos que el cuidador de niñas y niños tuvo alguna omisión le vamos a hacer el señalamiento al rector”, anticipó.
A pregunta de si la UASLP debe acreditar que los niños inscritos en el campamento contaban con seguro de vida, Vega Arroyo sostuvo que “esa es otra exigencia, sin embargo en caso de que detectásemos que hubo responsabilidad u omisión de parte de los funcionarios universitarios vamos a pedir reparación del daño”.
De la docena de quejas, indicó, algunas fueron originadas por trato indigno, discriminación, así como aplicación de reglamentos en evaluaciones académicas. En el caso de la de Diego, se pretende establecer si su muerte se originó por omisión o accidente.
El 17 de julio de este año, precisamente hace cuatro meses, Diego quedó atrapado en un ducto extractor de agua para utilizarla en los toboganes del parque recreativo, localizado en la comunidad de Jesús María, perteneciente al municipio de Villa de Reyes.
Aseguró que de confirmar que el o los responsables del cuidado de los infantes incurrieron en una omisión, “se lo vamos a dar a conocer al rector (Manuel Fermín Villar Rubio)”.
Expuso que muchas quejas se resuelven en la etapa de conciliación, pero “cuando no son graves violaciones a los derechos humanos y a veces hasta con una disculpa, pero sí se pide una garantía de no repetición”, condicionó.
La mayoría de la docena de quejas, aseveró, no son graves, pero entre ellas refirió el trato discriminatorio de palabra a un estudiante en la escuela de arquitectura “donde un profesor se dirige a una persona con una preferencia sexual diferente”.
Tras dialogar con el agresor, éste se mostró arrepentido, no obstante pedimos establecer un compromiso “para nosotros no pronunciarnos sobre el caso y eso es lo que buscamos, siempre y cuando haya una disculpa y la otra parte la acepte”.
