Por: Eduardo Delgado.
Opositores a la construcción y operación del “cementerio” de desechos tóxicos en el municipio de Santo Domingo, ofrecieron este miércoles una rueda de prensa en la que el investigador del Colegio San Luis (COLSAN), Francisco Peña, aseveró que ese proyecto implica “una grave” violación a la ley, porque de parte de la compañía Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula (CITSU), “no se han seguido los procedimientos para la construcción de confinamientos” ni acredita experiencia en el manejo de residuos peligrosos.
Tras precisar que el COLSAN es una institución pública, Francisco Peña sostuvo que en este caso “estamos en presencia a una violación grave a la ley”, porque la compañía incumple los pasos fijados por ley para edificar depósitos de desperdicios industriales.
Además, porque tratándose de instalaciones “muy peligrosas” la ley impone que las empresas operadoras deben ser de “experiencia calificada” y esa compañía “no tiene ningún documento que la avale”, añadió.
La nueva vocera del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz” en la entidad, Alejandra de la Rosa Aguilar, acompañada de dos ciudadanos procedentes del municipio de Santo Domingo y del catedrático e investigador del Colegio San Luis (COLSAN), Francisco Peña, ofrecieron este miércoles una rueda de prensa sobre ese proyecto.
El especialista recordó también que en el año 2013 la empresa solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobar la manifestación de impacto ambiental y “la respuesta fue negativa”.
Precisamente hace un año fue avalada pero “en la segunda aparece tachada el nombre de la empresa que la realizó, lo que nos hace suponer que está en duda la capacidad profesional de los autores, pues los errores que le marcó la SEMARNAT en la primera se repitieron en la segunda”.
A su vez, tras advertir que el confinamiento afectaría a las “generaciones subsecuentes”, Alejandra de la Rosa informó que derivado de la queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ese organismo, a través de la sexta visitaduría, le requirió un informe a la SEMARNAT sobre el caso y la dependencia arguyó no tener esa información, “no obstante que solo le fue requerido un informe del estudio de impacto ambiental y sobre el dictamen del permiso concedido a la empresa”, aclaró.
Asimismo, añadió, la CNDH pidió al Ayuntamiento de Santo Domingo un reporte sobre la autorización del cambio de uso de suelo del predio en el que se edificaría el depósito de residuos industriales, pero “han sido omisas”, lo que “nos hace suponer que hay muchas irregularidades e inconsistencias”.
Edgar Alejandro Coronado Luna, oriundo de Santo Domingo, donde CITSU proyecta operar el confinamiento cuyo propietario es José Cerrillo Chowell, empresario potosino en el ramo de la minería, aseveró que los opositores están dispuestos a bloquear el acceso de unidades con residuos industriales al almacén de desechos tóxicos. “Pero antes vamos a agotar todo lo legal”, precisó.
“Nosotros alzamos la voz por aquellos que son ignorados por las autoridades”, declaró Alejandra de la Rosa antes de cederle la palabra a Mario Vázquez Vallejo, también ciudadano de Santo Domingo, quien justificó su presencia en la capital potosina: “Queremos defender la vida de los pobladores de comunidades marginadas y más alejadas que hay en el desierto potosino”.
Destacó que además del respaldo del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz García” y del Colegio de San Luis, tienen apoyo de la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, “Respuesta Alternativa”, de especialistas de la Universidad Autónoma Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional. “No estamos solos”, enfatizó.
Pero, sobre todo, remarcó, “tras nosotros hay 20 comunidades cercanas al basurero; tenemos firmas de los pobladores, inclusive de niños y mujeres”, resaltó.
“Somos gente pobre que no tiene más que unos cuantos animalitos, con pocas hectáreas para la siembra de temporal. Estamos tan preocupados que pedimos ayuda a todo mundo, a todo aquel que este consiente de que la vida se debe de respetar, de que tenemos derecho a la salud, a una vida digna y a vivir en paz. Ese es el grito de las comunidades de los municipios potosinos de Santo Domingo y Real Catorce, así como de Mazapil y de Villa de Cos, de Zacatecas”, añadió.
Alejandro Coronado rechazó que la empresa “nos haya dado información” e indicó que hasta ahora “no hemos tenido acercamiento con el Gobernador (Juan Manuel Carreras López) pero si es necesario lo vamos a buscar, para que nos ayude”.
Vázquez Vallejo refirió que tampoco han tendido acercamiento con directivos de la empresa. Recordó que el pasado 10 de octubre los invitó a una reunión, porque “nos alegaban que nos querían informar para hacernos ver que estamos equivocados, pero nunca se aparecieron”.
Dijo que hasta ahora al sitio donde se planea la operación del confinamiento solo ha entrado, el pasado 27 de noviembre, un par de tráileres con material “pero no sabemos si es para construcción”, agregó.
La vocera del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz”, expuso que el artículo 14 constitucional consagra el derecho a un medio ambiente sano y si no lo hay “estamos en presencia de un violación a uno de los derechos humanos”.
El derecho a salud, advirtió, “sería afectado en el caso de infantes, adultos mayores y mujeres embarazadas”, añadió.
“También se violó el derecho a la información, pues no se tomaron en cuenta a los pobladores”, como lo consagra el artículo octavo de la Constitución, precisó.
Mario Vallejo juzgó que el hecho de que el alcalde es de “Antorcha Popular” no afecta ni perjudica su postura, “porque el Ayuntamiento está a nuestro servicio, pues nosotros lo elegimos”.
“Además de que en varias ocasiones los colaboradores nos han dicho que están en contra del basurero”, comentó. “Independientemente del partido que sean los funcionarios están para servir y deben cumplir la ley. Eso no debería influir”, enfatizó Alejandra de la Rosa.
