El presidente municipal de la capital, Ricardo Gallardo parece tener toda la intención de hacer de San Luis Potosí una ciudad inhabitable y en permanente conflicto. Quiere cobrar impuestos con la misma voracidad del Porfiriato y tiene a su policía para lograrlo. La operación de desalojo del comercio ambulante realizado de manera sorpresiva durante la mañana del domingo, es un adelanto de que en lo sucesivo, lo que habrá es mano dura.
Cada presidente municipal en turno hace exactamente lo que ha hecho Gallardo y siempre se apela peregrinas ideas de hacer respetar el estado de derecho y a la urgencia de tener un centro histórico digno, limpio y ordenado. Igual que otros ediles, se actúa y luego se revisan las cosas.
Desde los tiempos del gobernador Horacio Sánchez Unzueta, el gobierno estatal también ha intervenido y ha respaldado con la fuerza pública al ayuntamiento. Hace más de 20 años, ambos gobiernos, el municipal y el estatal metieron a la cárcel a los dirigentes del comercio ambulante del centro de la ciudad.
La historia tiende a repetirse cuando los gobernantes sin visión de estado y sin siquiera algo de imaginación, creen que la solución está en el garrote y no en el análisis y la reflexión de los problemas.
Han de pensar que como ya los sacamos, ya resolvimos el asunto y desafortunadamente eso no es así.
Lo que hizo el alcalde Gallardo ha sido simplemente repetir las mismas fórmulas de otros con la pobre intención de hacerles ver que él es el que manda: lastimosa actitud de un servidor público que no tiene idea de la profundidad del problema que hace existir al comercio informal.
Por una parte, por medio de la Ley de Ingresos se pretende gravar de manera alevosa a los comerciantes con infinidad de contribuciones y por la otra, se les amedrenta para que ya no salgan a vender a las calles, es decir, los coloca en una encrucijada y a nadie le gusta eso.
Hasta 35 actividades comerciales del comercio en la calles quedarán gravados en montos variados, así es que la noción del alcalde es si quieren trabajar, primero me tienen que pagar.
Es decir, de tan obvio hasta da pena: el pretendido desalojo en el centro histórico no es para rescatar la zona, para darle hermosura y aprecio o para hacer respetar el tan maltrecho estado de derecho, es simplemente una muestra de fuerza para que vean quién manda y que a su vez, se lo vayan pensado, o pagan y me respetan, o se joden.
