La muerte de Diego en el Camping Universitario del verano pasado, no se ha aclarado porque a decir del Procurador de Justicia, Federico Garza Herrera, la investigación aun no concluye. Él mismo se ha impuesto el término de dos meses para que el Ministerio Público resuelva sobre la responsabilidad que pudieran tener quienes tenían a su cuidado y protección a Diego.
Van cinco meses y la familia y amigos de Diego continúan reclamando justicia. La justicia no necesariamente se concreta a partir de que luego de una investigación se determinan responsabilidades, sino desde el momento mismo en que las autoridades investigan con rigor, diligencia y profesionalismo. Eso no ha visto en la actuación del Ministerio Público.
Por eso se exige justicia, no solo porque a 150 días del fatal deceso no hay avances notables en las indagatorias sino porque es derecho de los amigos y familiares de la víctima mantener su voz y su puño en alto. Es su derecho exigir y es su derecho dudar de las autoridades. Faltaba más que después de perder a un hijo la familia se deba quedar en silencio esperando a que la Procuraduría haga su trabajo.
El anuncio del Procurador de que se reconstruirán los hechos suena más a una inexplicable intención de continuar prorrogando la resolución del caso, muy probablemente, en beneficio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución que le ha apostado a que pase el tiempo para que el asunto se olvide.
Dos meses más es una eternidad para la familia de Diego y lo es también para una sociedad que quiere volver a creer en las instituciones de procuración de justicia. Los dos meses de plazo de los que habla el Procurador nos acercan a la hipótesis de que la impunidad está cerca.
Dice Garza Herrera que no tiene temor de que el Ministerio Público actúe contra la Universidad, pero admite que la averiguación previa continúa en etapa de integración, lo cual, por supuesto que deja mucho que desear de un representante social que se supone ampliamente calificado para actuar y contribuir a que la procuración de justicia sea pronta y no tardada.
Ahora resulta que la madre de todas las pruebas que hace falta es el uso de un robot en la pileta donde murió Diego para saber qué ocurrió, cuando en los hechos, los compañeros de Diego en el Camping han declarado que nadie cuidaba al niño cuando se ahogó.
Dar dos meses más a la investigación contribuye a mantener e incluso acrecentar las dudas sobre la actuación de la Procuraduría. No se olvide, el caso no avanzó con Miguel Ángel García Covarrubias y ahora con Garza Herrera se anuncian dos meses más de investigaciones.
Tiempo más que suficiente para que el aparato jurídico de la Universidad y ala propia oficina del Rector Villar siga haciendo su labor de convencimiento en el sentido que la UASLP está libre de culpas.
Por cierto, se está tardando la Comisión Estatal de Derechos Humanos en concluir su investigación que habría de traducirse en una recomendación a la UASLP. No vaya a ser que ya se hayan arrepentido o que desde la Universidad el cabildeo esté a todo lo que da.
Son dos meses, hay que contárselos al Procurador.
