Monterrey, Nuevo León (22 de diciembre de 2015).- Los restauranteros de Nuevo León aceptaron que han pagado cuotas hasta de 100 mil pesos por mes para que se les permita fumar en sus establecimientos, además de que también son extorsionados por gente del gobierno estatal.
De acuerdo a Mario Cantú, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) llamó extorsión al hecho de pagar la cuota a la que accedieron. ”Algunos pagaban hasta 100 mil pesos mensuales.
“Les decían: Oye, tú al mes me vas a tener un sobrecito con tal cantidad de dinero si quieres que se fume, y no hay restricción y van a fumar en el 100 por ciento de tu restaurante”, dijo Cantú.
En tanto, se incrementaron las exigencias de moches donde los inspectores que extorsionaban se identificaban como personal del gobierno de Nuevo León, sin embargo, no ofreció mayores detalles.
“La Cámara quiere que haya un orden, un orden que lo más adecuado sería aplicar la ley federal, entre más restrinja una ley, más moches hay”, señaló el dirigente restaurantero.
La semana pasada los diputados locales aprobaron reformas a la ley de fumadores que permita fumar condicionadamente y en un área especial y Cantú afirma que ellos los restauranteros solicitaron esos cambios.
La legislación estatal prohibía fumar en lugares cerrados e incluso en terrazas si están techadas, pero se aprobaron reformas que se homologan con la ley federal y permiten fumar dentro de los establecimientos, bajo ciertas condiciones.
A la acción de los diputados se opone el gobernado Jaime Rodríguez quien advirtió que vetará las reformas para volver a la prohibición total de fumar en interiores.
En los últimos días fueron cerrados varios restaurantes por ser sorprendidos fumando en el interior y entre los que se incluyen está Granero Grill, que reabrió el domingo; Gallo 71, en San Pedro, y Arre Vivo Bar, en Monterrey.
Por su parte el gobernador Jaime Rodríguez solicitó presenten denuncias y pruebas sobre las acusaciones y advirtió que, de encontrar irregularidades, actuará hasta con cárcel.
“Cualquier persona o dueño de un restaurante que me demuestre con pruebas que una persona del gobierno fue a cobrarles lo meto al bote junto con el dueño del restaurante”, reiteró.
Fuente: La Silla Rota.
