En una semana se vence el plazo para que el Congreso del Estado elija al magistrado que sustituirá a Zeferino Ezquerra Corpus. La tarea para los integrantes de la Comisión de Justicia que será la que presente el dictamen al pleno, no parece complicada y harán lo que se acostumbra a hacer: aguardar por la línea que les tire el ejecutivo.
Luego de que Ezquerra negoció su salida y dejó libre el paso por así convenir mejor a sus intereses, lo que supuso el retiro de su demanda de juicio de amparo contra su remoción, el tiempo se redujo dramáticamente en lo tocante al proceso electivo, lo cual no deja de ser lamentable, pues nunca ha existido transparencia respecto de cómo se define un puesto de magistrado en el Poder Judicial del Estado.
Ezquerra fue uno de los primeros políticos propuestos por un gobernador cuyo origen era la oposición, en ese caso, del PAN. El magistrado panista nada hizo por cambiar la imagen del poder judicial y se sumó a la inercia de la impartición de justicia al gusto y estilo del gobernante que proponía a los magistrados. Todos son siempre agradecidos y nunca patean el pesebre o nunca muerden la mano que les dio de comer.
Es una verdadera tragedia, pero la realidad es incontestable: cada magistrado obedece los designios de quien lo pone. Por eso la administración de justicia está como está.
Con Juan Manuel Carreras no tendría porque cambiar eso. En esta administración en la que han revivido a la élite burocrática del sexenio de Fernando Silva Nieto, solo faltaba algo: que al poder judicial también arribaran amigos o protegidos del ex gobernador.
Y ahí lo tiene, al gobernador que envió al Congreso del Estado su terna de candidatos a magistrado. Una terna que bajo ninguna circunstancia, de acuerdo a sus curriculums, puede significar un aire fresco al Supremo Tribunal de Justicia.
Hasta donde se sabe, entre los diputados del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, se tiene bastante claro que en el pleno definirán su voto de acuerdo con la llamada telefónica que reciban desde la Secretaría General de Gobierno. El Secretario es el encargado de “planchar” la propuesta del gobernador.
Todo hace indicar que la agraciada es García Cázares puesto que cuando el gobernador ordena algo, pues se hace y los diputados no son más que soldados a las órdenes del jefe.
La directora del Instituto de Investigaciones Judiciales ha sido señalada de beneficiar a amigos y parientes al colocarlos en cargos diversos en la obesa burocracia del poder judicial, pero eso no parece ocupar un centímetro en los pensamientos de los diputados ni representó pretexto para que Carreras dejara de ver en la ex Procuradora a una flamante magistrada.
En apenas una semana, los diputados de la Comisión de Justicia revisarán (si es que lo hacen) los perfiles de las propuestas del gobernador, analizarán (si es que lo hacen) sus trayectorias y evaluarán (si es que lo hacen) los méritos de cada candidato y sin más, emitirán su voto para que se redacte el dictamen que luego será presentado al pleno para su votación.
En una entidad como San Luis donde la división de poderes no deja de ser una aspiración, es entendible que los diputados del gobernador voten por la propuesta que el gobernador les señale. Es decir, con todo y su afición al compadrazgo y al nepotismo, “Manuelita” solo espera que el gobernador de línea en su favor para colocarse toga y ribete y ponerse a impartir justicia.
