El secretario de Trabajo y Previsión Social anunció en conferencia en prensa el rescate de más de 200 tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas.
Ciudad de México (17 de Marzo).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en dos municipios de Baja California Sur, informó el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete.
El funcionario federal detalló que los indígenas, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola, con domicilio en Guanajuato y trasladados con engaños para trabajar en Comondú en condiciones vergonzosas, ilegales, insalubres y de miseria salarial.
Los indígenas trabajaban en la cosecha de papa por lo que recibían sólo 200 pesos semanales como préstamo con la promesa de que al final recibirían el pago íntegro de su salario.
Denunció que mientras los “enganchadores” cobraban a ocho pesos el costal de papa recolectado, a los trabajadores sólo se les pagarían cuatro pesos por cada costal.
Agregó que tras la valiente denuncia (de aproximadamente un año) de las víctimas, la delegación de la Secretaría del Trabajo en BCS le dio inmediato seguimiento, lo que resultó en un operativo de inspección que confirmó la acusación tras lo cual se llevaron a cabo las acciones de prevención y de sanción,
Con la gravedad del caso se dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y al SAT para que investiguen y determinen si además de las violaciones de derechos laborales detectadas se cometieron otros delitos o si se evadieron impuestos.
Navarrete Prida agregó que en el operativo de inspección, llevado a cabo dentro del operativo “México con Trabajo Digno” ordenado por el Presidente de la República, los inspectores comisionados conformaron lo denunciado y constataron que unos 100 trabajadores se encontraban alojados en un predio del municipio de Comondú en condiciones insalubres, hacinados en pequeñas chozas provisionales y con poco acceso al agua.
En este predio, que sólo era utilizado como vivienda, había además mujeres, bebés y adolescentes de 14 años.
Luego de precisar que además de los indígenas tarahumaras había jornales agrícolas de Sinaloa y Guerrero, señaló que otro campamento se localizó en el campo agrícola ubicado en el Lote 20, colonia Galeana, del mismo municipio.
Ahí estaban alojados otros cien jornaleros agrícolas con las mismas condiciones de vivienda; además en este lugar se encontró un área habilitada como cocina, donde se preparaban los alimentos de los jornaleros y sus familias, en total desorden y falta de higiene.
Por estos hechos se ordenó una inspección extraordinaria en materia de Seguridad e Higiene a la empresa propietaria del campo agrícola, con razón social “El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.PR de R.L de C.V)”.
Durante el desahogo de la misma se detectaron 113 violaciones a la legislación laboral como son: condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas adecuadas para la toma de alimentos, falta de equipo de protección personal.
Además se encontró a 13 menores de edad laborando; 167 trabajadores sin registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; y consecuentemente sin prestaciones de ley.
Por estas irregularidades la Dirección General de Inspección decretó la Restricción de operaciones en el campo agrícola propiedad de la empresa “El Cerezo” y se solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se iniciara una investigación en materia de violación a los derechos humanos de estos 200 jornaleros agrícolas y sus familias.
También intervinieron elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur quienes iniciaron una denuncia penal por el delito de Trabajo Infantil.
Se pidió además la intervención de personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con el objetivo de determinar las condiciones de riesgo en la salud de los trabajadores y de Policía Municipal en apoyo a estas acciones.
Con el objetivo de mantener la fuente laboral de estas personas, se entablaron negociaciones con el administrador del campo, logrando su permanencia en el empleo y la reubicación de manera inmediata a los trabajadores a zonas adecuadas de vivienda, se supervisó que recibieran alimentos suficientes e higiénicos y se les dotará de baños limpios y agua suficiente para beber y sus necesidades.
Navarrete Prida señaló que los delitos en que pudo incurrir la empresa contratante, que es una organización criminal de “enganchadores”, son trata de personas, explotación infantil, privación ilegal de la libertad y otros del fuero común y federal.
Fuente: Milenio
