La Asociación Mexicana de Empresas Ambientales circuló un desplegado a la opinión pública nacional y con destinatario al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en el que se denuncia al presidente municipal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez de actuar con irresponsabilidad al incumplir un contrato con la empresa Red Ambiental.
La carta, también dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alemán y al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, expone el exhorto de la Asociación Mexicana de Empresas Ambientales, para que intervengan ante el edil potosino y le hagan ver que su obligación es respetar el contrato existente.
“No respetar la concesión de una empresa que ha invertido en la ciudad y que genera 322 empleos directos, además de ser un acto ilegal, desalienta la inversión nacional y extranjera en la ciudad de San Luis Potosí demostrando una clara evidencia de que no existe certeza jurídica en el municipio”.
“Solicitamos exhortar al presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria, ponerse al corriente en el pago por sus servicios, y exigirle alta calidad en la atención que la población potosina merece”.
Dos párrafos rotundos en los que ante el gobierno federal, se exhibe a un alcalde que se niega apagar y a cumplir un contrato institucional que, ningún capricho puede desconocer o tumbar.
Ya deberían haber pasado a la historia los alcaldes que por serlo, creen que pueden decidir lo que les venga en gana sin considerar primero lo que dice la ley. Se creía que serían ya pocos los servidores públicos con ese perfil de endiosamiento personal a los que gusta actuar según su mente cerrada.
Apenas han transcurrido unos días desde que la empresa Red Ambiental suspendió el servicio de recolección y disposición de la basura y la ciudad ya es un caos. El alcalde en sus visiones enfebrecidas, creyó que con unas cuantas camionetas y carretones sería suficiente para hacerle ver a la empresa que no la necesitan.
La carta dirigida al presidente de la república muy probablemente traerá consigo algún efecto en el sentido de que el gobierno federal podría intervenir: lo que piden le incumbe a Peña, es decir, hacer respetar el estado de derecho. Lo mismo va para el gobernador de la entidad, cuya intervención en el conflicto no ha ido más allá de las palabras.
El edil que prometió a los capitalinos que sacaría a la ciudad del bache, lo que está logrando es hundirla en la basura.
El desplegado público en el que se denuncia el incumplimiento de pago del ayuntamiento capitalino, precisa que durante el año apenas ha habido diez quejas contra el servicio que prestaba VIGUE. En los últimos días, el programa emergente de recolección implementado por Gallardo no alcanza el 40 por ciento de la basura que se genera al día.
Esto es y será insostenible.
