Los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2016 (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática son aplastantes: la corrupción está por doquiera que uno ponga los ojos.
La corrupción está en todos lados en una muestra fehaciente de que el servicio público se ha tornado en una oportunidad para enriquecerse, baste voltear a ver lo que ocurre en cuanta oficina o ventanilla de oficinas públicas para comprobarlo.
No es para enorgullecer a nadie sino por el contrario, es una afrenta a la sociedad que confió en los gobernantes al darles su voto: en 2015 hubo 10 mil 909 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes y se cometieron 15 mil 684 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.
Es la corrupción galopante que acecha en todas las oficinas públicas del gobierno estatal, los ayuntamientos y la federación, pero también en el poder judicial, en las salas de los magistrados y en las oficinas de los jueces. Es la corrupción que corre por las venas del Ministerio Público y de todas las corporaciones policíacas que, una vez más, ocupan el primer lugar como autoridades corruptas.
En ese sentido, vale la pena recordar lo que ocurre en el ayuntamiento de San Luis Potosí y el caso de la masiva y millonaria compra de medicamentos para personal de confianza a favor de Sandra Sánchez Ruiz. Uno de los espacios más proclives a la corrupción son las áreas o departamentos u oficinas de compras de las instituciones públicas.
La ENCIG 2016 nos invita a recordar que por lo general, los gobiernos tienden a la corrupción con una facilidad pasmosa y no les provoca ningún arrobo. Ese estudio enlista al menos 20 oficinas públicas y trámites donde la corrupción es la que manda.
No es un mal privativo de pocos sino más bien de toda la nación. El grave problema de la corrupción se mantiene intocado, se le combate solo de palabra en discursos grandilocuentes, pero en los hechos todo sigue en el lodazal de siempre.
El 55.2 por ciento de los ciudadanos experimentaron un acto de corrupción con autoridades de seguridad pública. Le sigue el Ministerio Público con 23.7 por ciento; en quinto lugar están los trámites municipales con 11.8 por ciento y en décima posición, los servicios municipales con 5.1 por ciento.
15 mil 684 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en San Luis Potosí, lo que supone la potencial existencia de igual número de funcionarios corruptos en todos los niveles de gobierno.
Cada administración estatal y municipal en San Luis Potosí, ha prometido combatir hasta disminuir o eliminar la corrupción y eso no ha sido posible, no es porque no se pueda sino porque ni siquiera lo han intentado.
La maquinaria de la corrupción está más aceitada y afinada que nunca en San Luis Potosí, gracias por ello, doctor Carreras y también gracias a usted, don Ricardo
