Por: Antonio González Vázquez.
La Asociación Potosinos en Lucha Contra el SIDA A. C., advierte que mediante una iniciativa de ley, Gobierno del Estado se propone “criminalizar” a las personas con VIH, lo cual representa además una violación a sus derechos humanos así como la normalización de un trato indigno e inhumano. Exigen al gobernador Juan Manuel Carreras que no se estigmatice a los enfermos de SIDA.
En la sesión ordinaria del jueves, el pleno dio entrada a una iniciativa presentada por el gobernador Juan Manuel Carreras López y por la titular del Instituto de las Mujeres, Erika Velázquez Gutiérrez, mediante la que se propone tipificar como delito la transmisión del SIDA.
Al respecto, Amigos Potosinos en Lucha Contra el SIDA, Andrés Costilla Castro dio a conocer la postura de esa organización frente a la propuesta del ejecutivo, a quien le demandan que en vez de criminalizar a los enfermos de SIDA, procure la creación del Consejo Estatal para el Control del SIDA, que mejoren los programas de salud en apoyo y se mejore en los hechos la asistencia y servicio de los enfermos.
Aquí el comunicado de 9 puntos.
En relación a la iniciativa presentada, en la Sesión Ordinaria No. 44, día 27 de octubre del 2016 al Congreso del Estado, por el C. Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez Presidenta del Instituto de las Mujeres en San Luis Potosí queremos manifestar lo siguiente:
1.- Es importante impulsar acciones a favor del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el orden internacional de los diversos instrumentos que en esta materia ha suscrito y ratificado Estado Mexicano, lo cual se convierte en obligatorio a partir de la reforma Constitucional del año 2011 en materia de Derechos Humanos.
2.- No es recomendable buscar castigar las conductas que se perciben como dolosas en relación al VIH y otras infecciones sexuales, ya que la evidencia científica nos señala que la prevención del VIH no se logra con medidas punitivas, sino con políticas en salud pública que faciliten acciones que promuevan cambios a nivel estructural que faciliten la igualdad en el acceso a servicios que garanticen la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así también fortalecer los programas y acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres
3.- La penalización favorece el estigma y la discriminación hacia personas con VIH, incluyendo a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, por lo que resulta contradictorio impulsar acciones que contravienen a la dignidad de estos grupos vulnerables.
4.- Es muy difícil determinar la causalidad, el dolo, la intencionalidad ya que intervienen diversos factores en la trasmisión del VIH, como son: la posibilidad de la trasmisión, el tipo de exposición, el uso o no de condón, la etapa de la infección en la que se encuentra la persona, si lleva tratamiento antirretroviral, si tiene carga viral detectable o indetectable, si existen enfermedades concomitantes, el estado de salud de la pareja receptora y los acuerdos establecidos entre cónyuges o parejas ocasionales, entre otros.
5.- Es importante enfatizar que medidas punitivas como las que se pretende legislar a través de esta iniciativa, podrían obstaculizar y afectar las diversas acciones multisectoriales en materia de prevención, detección y atención del VIH en nuestro Estado.
6.- Podría influir a que las personas que se perciban con factores de riesgo ante el VIH, omitan realizarse una detección temprana a fin de no conocer su estado serológico en virtud de prevenir un posible proceso penal. Este tipo de legislaciones pueden afectar al Continuo de la detección, prevención y atención en VIH en México[1], el cual busca que las personas que se perciban en riesgo se realicen un diagnóstico temprano, puedan recibir un tratamiento oportuno que mejore su calidad de vida y además contribuya a frenar la cadena de transmisión.
- La evidencia científica señala que para detener la cadena de trasmisión del VIH de una persona a otra es indispensable realizar estrategias de prevención combinada, entre las cuales, destacan las biomédicas, las comportamentales y las de cambio estructural, estas últimas enfatizan las acciones que contribuyen a erradicar el estigma y la discriminación asociado al VIH-sida, y una ley con acciones punitivas no contribuye con estas estrategias.
[2]Consultar: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/principal/GUIA_NACIONAL_2014.pdf
8.- El contenido en específico de esta iniciativa de “Peligro de contagio” podría provocar que la responsabilidad jurídica de la prevención del VIH recaiga solamente en quienes viven con VIH, y podría invisibilizar el mensaje de salud pública de que las parejas sexuales tienen responsabilidad compartida sobre su salud sexual. Las personas podrían suponer erróneamente que sus parejas son VIH-negativas porque desconocen o no revelan su estado serológico, por tal dejarían de incorporar medidas de prevención.
9.- Este tipo de adecuaciones al código penal promoverán mayores niveles de estigma y discriminación hacia las diversas poblaciones con VIH y sus familias.
Amigos Potosinos en lucha contra el Sida exhorta al Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y a la Lic. Erika Velázquez Gutiérrez Presidenta del Instituto de las Mujeres en San Luis Potosí, a reconsiderar la penalización del VIH, de hacerlo colocarían a las personas con VIH bajo un estatus de posibles criminales, contraviniendo a su dignidad como personas, atentando a sus derechos humanos y estigmatizándoles por su condición de salud.
Mejor aún, le exhortamos a impulsar la creación del Consejo Estatal Para el control del VIH, Sida e ITS en San Luis Potosí, además incrementar los recursos para prevenir, detectar y atender oportunamente el VIH; mejorar la calidad e integralidad de los servicios de atención en el Estado que son otorgados desde los CAPASITS y hospitales del sector salud; generar y fortalecer programas de empoderamiento para las mujeres y acciones que busquen promover la igual de oportunidades entre mujeres y hombres; por último a disminuir el estigma y la discriminación hacia las poblaciones clave y personas afectadas por el VIH y otras ITS incorporando el principio MIPA[3] que habla del mayor involucramiento de las personas con VIH como parte de la solución y respuesta, con ello contribuir a un México democrático, incluyente y sin discriminación.
