Si no descuidó usted el temario que le propuse en semanas anteriores pudo encontrar dos temas que estos días pasados hicieron explosión, el del transporte privado contratado mediante el uso de aplicaciones para teléfonos inteligentes “smartphones”, y el tema de los presupuestos de los gobiernos.
Hoy le comparto mi opinión sobre el transporte.
Aunque hay muchas, Uber Technologies Incorporated (Uber) es la empresa que opera en nuestra ciudad, y en otras del país; es un sistema de organización y prestación del servicio de transporte mediante una aplicación tecnológica que funciona lo mismo en computadoras que en tabletas y smartphones.
Se trata de una empresa fundada en 2009, con sede en San Francisco, California, en los Estados Unidos de América, que en 2015 llegó a nuestro país, y desde este año a San Luis Potosí.
Uber se enfrenta a problemas de regulación en prácticamente todos los países del mundo donde opera, en muchos ha sido limitada, e incluso prohibida total o parcialmente (Alemania, Brasil, Canadá, España, Francia, India, Japón, Corea, y si, en Estados Unidos), y en otros ha confrontado seriamente a la sociedad, al gobierno y a los prestadores del servicio.
Uber irrumpió de manera ilegal en un área de negocios que están legalmente monopolizados por el Estado; en San Luis Potosí, a diferencia de otras entidades o países en donde el tema estaba en medio de una laguna legal, prestar un servicio público (aún cuando le llamen privado, más adelante intentaré explicar por qué siempre se trata de un servicio público) sólo puede hacerse con una concesión gubernamental, si no se tiene la concesión ese prestador de servicios está violando la ley, e incluso en ciertos casos cometiendo un delito.
Antes de que sigamos avanzando debo concederle a Usted todos los calificativos que quiera ponerle a los taxis, a los taxistas y a los concesionarios de taxis, todos son ciertos, y aún los más graves se quedan cortos frente a la realidad, para que no vaya Usted a pensar que les defiendo sin mirar todos sus defectos que les hacen odiosos frente al usuario, porque además no tienen defensa posible.
Mire la teoría: El taxi es la expresión de un sistema de transporte personal o privado (no colectivo), y se considera un servicio público porque es indispensable para la sana convivencia y para el desarrollo sociales, amén de ser estratégico para la seguridad interior.
En este tiempo la movilidad es básica, esencial para todos, y constituye una herramienta para nuestro quehacer cotidiano, por lo mismo está “protegida” por el Estado, para que se preste siempre, sin condiciones, a todas las personas, sin discriminación, y sin interés ocultos; para lograr ese acceso igualitario se fijan tarifas, requisitos de los vehículos y estándares mínimos de capacitación para los conductores; de ese modo el público tiene garantía total de que nunca se subirá a un taxi que sea un automóvil chatarra, que sea inseguro, que esté sucio, que sea conducido por alguien descortés, o con una presentación y educación lamentables.
Si el Estado no pusiera todas esas condiciones es muy probable que la anarquía imperara y que el público sufriera las consecuencias.
Imagine Usted que, por la razón que fuera, el servicio de taxis fuera suspendido súbitamente… la ciudad quedaría paralizada; imagine Usted que los taxistas cobraran lo que les diera la gana… la gente no tendría acceso al servicio, o se abusaría de su necesidad; imagine Usted que los choferes fueran personas con torvas inclinaciones… la ciudadanía, los usuarios correrían el riesgo de ser asaltados, lesionados, violentados o por lo menos irrespetados.
Suena lindo, pero esa es sólo la teoría que da nacimiento al sistema de transporte público, la realidad está a años luz de sus intenciones.
En el mundo real la corrupción generó todo lo que la ley y la teoría jurídica quisieron evitar: Unos pocos, sobre todo políticos, acaparan las concesiones, hay algunos que poseen decenas o cientos; los automóviles que se usan para el servicio son viejos, siempre están sucios (como no van estarlo, si están en uso las 24 horas del día de los 365 días del año), y por razones económicas son verdaderos ataúdes rodantes (el Tsuru es el auto más inseguro del mundo, pero cuesta poco más de cien mil pesos); la mayoría de los conductores no son choferes profesionales, sino personas que han encontrado en ser taxistas una manera de completar sus ingresos, y desde luego carecen de las herramientas sociales, culturales y educacionales para servir al público, y lo más grave, los choferes de taxi son casi siempre víctimas de la necesidad, explotados y utilizados en forma inhumana, incluso para las manifestaciones, los bloqueos y las “revanchas” o “defensas” que en forma tumultuaria realizan en ese gremio.
Por eso cuando entró Uber a San Luis Potosí casi nadie se fijó en que el servicio era ilegal (incluso en ciertos casos delictivo); porque quienes lo usaron en otras partes del país, o del mundo, percibieron un buen servicio, muy superior al que tenemos aquí con los taxis.
Bajo la premisa de que en libertad uno debe hacer con su dinero lo que le de la gana, pagar a quien uno quiera y por el servicio que uno quiera contratar (lo cual es una verdad como una montaña) muchas personas iniciaron a usar y a recomendar a Uber; se requirió poca publicidad, porque la sociedad potosina, siempre aspiracional (yo le llamo complejo de Cenicienta), adoptó el servicio y a la empresa; Uber se convirtió en cierto segmento de la población como sinónimo de un buen servicio, y los taxis del servicio público concesionado se nos rebelaron como basura, cara, fea, y premoderna.
Pero no todo es color de rosa, mire Usted:
El acceso al servicio que presta Uber de suyo no es universal, porque de entrada requiere que Usted tenga una computadora, una tableta, un “smartphone” y acceso a Internet; si Usted no tiene todo eso, contratar el servicio de Uber le será imposible.
¿Alguien ha reprochado a la empresa estadounidense que su sistema margine a tantas personas? No, desde luego, porque en nuestra cómoda posición pensamos que todos tienen esos dispositivos de nueva tecnología. ¿Le sorprende saber que de todos los usuarios de teléfonos celulares sólo el 52% tiene un “smartphone”? El resto usa un teléfono sencillo sin acceso a Internet; pero un dato aún más revelador es que sólo 4 de cada diez mexicanos tenemos acceso a la Internet en nuestros hogares, y tres de cada diez que usan un celular o tableta podemos pagar para conectarnos a la Internet en forma móvil.
No todos tienen hada madrina y un príncipe encantador.
Pero pasemos por alto el tema de la universalidad, porque al final cada quien contrata y paga lo que quiere contratar y pagar, y si no tiene acceso, pues será porque es pobretón, diría la hermanastra de Cenicienta.
¿Sabe como funciona la selección y “autorización” de automóviles y conductores de Uber? ¿Quién establece si Usted puede o no prestar el servicio bajo la aplicación (en la inteligencia de que todas las empresas con aplicaciones similares hacen lo mismo)? ¿El estándar exigido se ajusta a los niveles que exige la libre competencia y el libre acceso al comercio? Todos tenemos derecho de dedicarnos a lo que deseemos, pero no todos podemos dedicarnos a ser socios o conductores de Uber o Cabify porque (como es lógico) la empresa le vende el acceso a quién ella quiere, por eso algunos políticos potosinos vivillos poseen decenas, sino es que cientos de automóviles Uber (esos atascados andan en todo); las presiones de esos políticos vivillos hizo que la Asamblea de Vagos pretendiera legislar a Uber, y acabó en el lodazal.
Si Usted cumple todos los “requisitos” puestos por la empresa privada, aún puede ser eliminado o sacado de la aplicación sin que con ello tenga acceso a un mecanismo de justicia, claro que siempre puede ir a demandar a Uber a una corte de California, o a Cabify ante un tribunal español, pero que alguna corte o tribunal puedan obligar a Uber o a Cabify a que lo admitan a Usted, olvídelo.
El mercado manda, pero ¿y cuando el usuario, el socio o el conductor de alguna de esas aplicaciones es abusado por la empresa? Ya no parece tan lindo que el mercado dicte las reglas.
¿Qué le parece el costo de la comisión? Uber no invierte un centavo, tampoco un minuto de su tiempo, no se arriesga, no proporciona asistencia legal, no factura en su nombre, no le concede pensión por invalidez o indemnización por muerte, para eso está el seguro, ya puede pelearse la gente con las aseguradoras, siempre que haya leído las letras chiquitas.
La “tarifa dinámica” es una de las expresiones más justas en una economía de mercado, es decir que el precio cambie si hay más demanda, pero ¿Quién dice que eso está ocurriendo? ¿Quién supervisa si el algoritmo que controla a la aplicación está diciendo la verdad?
Si usted recibe un mal servicio seguro que está enterado que puede darle una mala calificación al conductor (se queda sin estrellas para que aprenda), del mismo modo en que usted será calificado como un mal cliente. Oiga, ¿pero si alguna de esas cosas es falsa o injusta? ¿A quién apela? ¿A quién le reclama? Recuerde que después de ciertas bajas notas lo echarán de la aplicación; si es usuario mañosamente puede hacer otra cuenta, ¿pero si usted como conductor es acusado falsamente, ¿Se dedica a otra cosa y ya? ¿Y su crédito con el que compró el auto? ¿Quién le devuelve el dinero de las cajas de botellines de agua y pastillas de menta que ya había comprado?
Se puede deducir que no es cierto que todos los conductores y socios de Uber estén felices como parte de la aplicación, y mucho menos que digan que se trata de un negociazo, apenas salen justos. Algunos usuarios están felices, otros no, y a la gran mayoría les da igual.
No nos hagamos bolas, olvidemos el complejo de Cenicienta por un momento, y concedamos que se trata de dos servicios radicalmente diferentes; uno está orientado a prestar el servicio a todo el público, y el otro a un segmento del público más favorecido por la vida.
¿Quién tuvo la culpa de todo el desorden? La Asamblea de Vagos que tenemos por Congreso del Estado, esa recua irresponsable, ávida, morbosa y poco dada a estudiar las consecuencias de sus actos.
Que use Uber quien quiera y pueda; que use taxis el que desee, al final se trata de un servicio que no todos pueden pagar.
En lo único que debemos ser absolutamente irreductibles es en exigir que nuestro derecho a elegir libremente sea respetado, y a Carreritas que use su poder legal para meter al orden al taxismo, porque ellos sí dependen del gobierno y él debe aplicar la ley.
Temario
- La siguiente semana, el presupuesto.
Leonel Serrato Sánchez
unpuebloquieto@gmail.com
