Jorge Melendez/Tercera Vía
El organismo internacional, Reporteros sin Fronteras (RSF), presentó un cuadernillo titulado: Veracruz: los periodistas frente al estado del miedo. Se trata de una investigación puntual acerca de lo que ocurre en dicha entidad con los informadores que han sido agredidos, asesinados y desaparecidos en el gobierno del hoy prófugo Javier Duarte, a quien hasta después de 90 días de su huida se dio la orden a la Interpol para su captura. Algo sumamente irresponsable.
México es el país de Latinoamérica con el mayor número de informadores ultimados, 99 del año 2000 hasta el 2016. En 2015 fueron 11 los liquidados por diversas fuerzas. El caso de Veracruz es alarmante en grado extremo. Es considerado el territorio del continente donde hay más víctimas y el más peligroso.
Durante el sexenio duartista hubo 17 periodistas asesinados y tres desaparecidos, sin que haya investigaciones sólidas al respecto y únicamente se detuviera a dos o tres personas, como chivos expiatorios. Esto se dio en los casos de Regina Martínez, que fuera corresponsal de la revista Proceso, y del fotógrafo Rubén Espinosa, al cual se le liquidó en la Ciudad de México.
El informe de Reporteros sin Fronteras hace un llamado a las diferentes organizaciones para que pongan mayor atención a las tareas que deben realizar, y en el fondo no llevan a cabo. Entre quienes son citados están; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Mecanismo Nacional de Protección (Secretaría de Gobernación) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (PGR).
Es decir, varias agrupaciones que gastan dinero, cuentan con una buena cantidad de funcionarios, realizan investigaciones y nunca resuelven nada.
Veracruz es el reino de la impunidad. Y ello no sólo es culpa de los funcionarios del lugar sino también de un gobierno federal que se hace de la vista gorda, cuando menos.
