Por Antonio González Vázquez
Astrolabio Diario Digital abordó durante la semana información de un tema fundamental para la democracia como lo es la transparencia.
En el contexto del vencimiento de plazos y la entrada en operación de un nuevo sistema de acceso a la información pública, en unos cuantos días confirmamos que en buena medida, prevalece un alto grado de simulación.
La nueva plataforma de transparencia, presentada como la panacea, dista mucho de serlo y se mantiene la actitud tan reprochable como inexplicable, de sujetos obligados que se niegan a hacer pública la información que les ordena la ley.
Ya sea la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Gobierno del Estado, Congreso del Estado, el Poder Judicial, los ayuntamientos y la propia Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública omiten cumplir con sus obligaciones.
Ayer, en su visita a San Luis Potosí, el académico e investigador del CIDE, Mauricio Merino dijo una verdad del tamaño de la catedral: podemos tener la mejor Ley de Transparencia más avanzada del mundo, pero eso de nada sirve si no opera y si no se hace caso ni se le respeta.
Eso es precisamente lo que pasa en San Luis: tenemos una legislación importante en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública, pero en los hechos, ni los propios legisladores que la aprobaron la cumplen.
Es decir, subsiste la misma opacidad y la misma ausencia de voluntad para cumplir la ley y hacer efectivo el derecho de los ciudadanos para conocer la información que le pertenece.
Hay una doble cara y un doble discurso de todas las autoridades que se postulan como transparentes y en realidad están ocultando la información gracias a su habilidad para evadir.
Es inobjetable: a los sujetos obligados potosinos, se les puede acusar de opacos, pero no de pendejos.
Pero engañar a la sociedad no es para siempre y por ejemplo, el presidente de la CEGAIP, Alejandro Lafuente, debería entender que publicar su declaración patrimonial al 100 por ciento testada, no es sino una burla que le anula la confianza y credibilidad de la sociedad.
Pueden engañar un tiempo y otro tanto pueden simular que cumplen la ley y son transparentes, pero eso hay tiene hartos a muchos.
