Excélsior
El caso del pequeño Iker, el menor que habría sido asesinado a consecuencia del ataque de un perro Pitbull en diciembre del 2016, volvió a generar polémica. De acuerdo con la filtración de la investigación privada del caso, no existe ninguna indagatoria girada contra la familia del can llamado ‘Max’ o las pruebas periciales que inculpan al mismo.
Información dada a conocer en una nota publicada por el diario Vanguardia, en el documento de más de 83 páginas sólo se hace referencia a “todas las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido ‘Iker’ mientras se encontraba hospitalizado en el Hospital Universitario de Saltillo”.
Para el activista y actor Raúl Julia Levy, quien está a cargo de la rehabilitación del animal, se incurrió en un delito. “Nosotros pedimos una y otra vez el expediente, y nunca nos lo dieron porque incurrirían en un delito”.
Detalló que el expediente se turnó al Asistente Administrativo de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregaduría de la Procuraduría General de la República Regional en Los Ángeles, una vez ahí se filtró “al antirrábico en Los Ángeles”; fueron ellos quienes desde el pasado viernes lo hicieron saber a la fundación animalista Raúl Julia Levy.
“El expediente muestra una falta de competencia por parte del ministerio público… Con esto se les cayó el teatro”, comentó.
Julia Levy, además, mencionó que la abuela hizo referencia a que el perro que atacó a su nieto, era de pelea y de un color distinto al de ‘Max’; a ello, agregó, que uno de los testigos presentó una credencial de elector falsa.
“No tienen ninguna prueba dentro del expediente que diga que Max es quien mató al pequeño Iker”.
Por lo que exigió a la PGJE se le entregue una carta en que se precise que ‘Max’ no fue el culpable de la muerte de Iker y se destituya a Juan Sánchez Irabú, coordinador de agentes del Ministerio Público de la PGJE en Coahuila por la filtración del expediente.
