Por Victoriano Martínez
En sus primeros cinco días de operación, el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia sólo ha servido a los políticos potosinos para que exhiban su vocación por la opacidad, al grado extremo de “confesar” el incumplimiento a la Constitución y a la Ley de Auditoria Superior del Estado.
Cualquier persona que busca un puesto de trabajo se preocupa por demostrar a quienes lo contratarán que se conduce con honradez y sus posesiones corresponder con los ingresos lícitos que obtiene.
Para el caso de los servidores públicos, cumplir con esta condición se traduce en la voluntad de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
No obstante, los prinCIpales funcionarios del estado han omitido en todos los casos cumplir con lo que les ordena la fracción XVII del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
En el caso de las tres declaraciones del gobernador Juan Manual Carreras, de los 27 diputados y de los 15 magistrados del Poder Judicial del Estado, la consulta al SIPOT arroja como resultado una tabla con el encabezado “Se encontraron O registros”, y en la sección donde debe aparecer la lista de los funcionarios con acceso a sus tres declaraciones la leyenda “No se encontraron registros”.
Para el caso del Ayuntamiento de la Capital, al realizar la búsqueda, aparentemente los funcionarios encabezados por Ricardo Gallardo Juárez muestran mayor voluntad de transparencia, pues como resultado aparece la tabla con el encabezado “Se encontraron 10 registros”, lo que hace suponer que al menos 10 funcionarios habrían publicado sus tres declaraciones.
No obstante, en el desglose de los registros Io único que se identifica es la dependencia (el municipio de San Luis Potosí), las iniciales “NA” en la columna “Ejercicio”, no se identifica a ningún servidor público y en todos los casos se coloca la afirmación de que el documento “no se generó”.
Si en el Ayuntamiento de la Capital no generaron ninguna declaración patrimonial, lo publicado en el SIPOT sólo puede tener dos interpretaciones: incumplieron la Constitución Política del Estado y la Ley de Auditoría Superior del Estado que los obliga a presentar tales documentos en el mes de mayo, o no les importa publicar información falsa en el SIPOT.
