Por Antonio González Vázquez
Coincidente con la actitud opaca de su jefe político, Ricardo Gallardo, el diputado local por el PRD, Guadalupe Torres Sánchez, presentó una iniciativa de ley que tiene el propósito de reversar información pública que obre en poder de la Auditoría Superior del Estado y que tenga relación con procesos e investigaciones sobre el mal manejo de los recursos públicos.
La iniciativa propone adicionar segundo párrafo al artículo 27 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.
El diputado perredista sugiere que se adicione a ese párrafo el siguiente texto:
“La información y documentación relativa a las cuentas bancarias, financieras o cualquier información crediticia de los entes auditados tendrá carácter de confidencial, por lo que, en ningún caso podrán dar noticias o información de las mismas, incluyendo los fideicomisos de los que formen parte, salvo en los casos en que se autorice por parte del ente público fiscalizado el otorgamiento de dicha información, o exista riesgo de que sean afectadas aquellas en las cuales éstos reciban participaciones federales o estatales, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal del estado de San Luis Potosí”.
Según el diputado, es necesario “blindar la información de carácter financiero que es recabada por la Auditoría Superior del Estado a las entidades públicas que revisa, a fin de que esta no sea utilizada de manera irresponsable, y mucho menos se dé a conocer a terceros, por tratarse de información que no le es propia al órgano Fiscalizador”.
Aduce que con motivo del ejercicio de fiscalización que realiza la Auditoría superior del Estado, se tiene el conocimiento y procesamiento de datos e información relevante e indispensable para el funcionamiento de los entes públicos auditados, como pueden ser entre otros la información financiera, cuentas bancarias e incluso fideicomisos de que son parte las entidades públicas, ya que es el ejercicio de comprobación que realiza el órgano técnico fiscalizador a los organismos públicos fiscalizables, aquel que le permite conocer los datos personales y crediticios de éstos, sin embargo esta información no le es propia y no forma parte en ningún momento de la relación jurídica de la que solo pertenecen la institución bancaria y sus clientes, por lo que la reserva y confidencialidad de estos datos por parte de la Auditoría Superior del Estado debe ser protegida con absoluta secrecía.
En ese sentido, “surge la necesidad de plasmar en el texto de la Ley la obligación y responsabilidad de la ASE, de no proporcionar ni divulgar la información crediticia de los entes fiscalizados, y de esta manera no poner en riesgo su patrimonio y el patrimonio de los potosinos”.
La iniciativa está incluida en la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria de este día cuatro de mayo a celebrarse en Xilitla y se puede consultar en esta dirección electrónica:
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/tl/gpar/2017/05/uno.pdf
