Antonio González Vázquez
La falta de compromiso del ayuntamiento de San Luis Potosí con la transparencia y con el derecho de acceso a la información pública, coloca al alcalde Ricardo Gallardo Juárez como el enemigo público número uno de esos derechos que, al parecer, al edil le importan poco menos que nada.
A unas semanas de que el municipio determinó valuar en 50 mil pesos copia de documentos relativos al contrato con Panavi y la concesión del alumbrado público, ahora el gobierno municipal vuelve a dar la nota negativa y para conocer a los deudores del impuesto predial, es necesario pagar 71 mil 120 pesos.
La misma información que Gallardo Juárez pretende cobrar a precio de oro, fue entregada a un solicitante de información en 2014.
Los datos se entregaron y punto; había un acuerdo de reserva de la información aprobado en 2013, pero la información se entregó porque se trataba de un tema que merece la más alta publicidad.
71 mil 200 pesos por conocer la lista de deudores del impuesto predial…
¿Qué pretende ocultar, a quién se quiere proteger?
Eso solo lo sabe el alcalde.
Si oculta eso que debería ser un documento accesible, imagínese los millones que se va a gastar en el Festival de la Cantera.
Con la opacidad que impera en su administración, mejor sería que convoque al Primer Festival de la Opacidad y que invite a los enemigos más recalcitrantes del derecho de acceso a la información, la verdad es que son muchos y notables.
