Por Eduardo Delgado
Hace unos días, el pasado 30 de marzo, se cumplió un año de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó que los magistrados, Rigoberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, ejercieron violencia política contra su par Yolanda Pedroza Reyes, pero a la fecha siguen impunes y a su víctima la mantienen “igual, igual”, remarcó la afectada.
Por si eso fuese poco la demanda de la víctima contra sus agresores se encuentra en un “laberinto sin salida”: desde noviembre del año pasado está en manos del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Federico Garza Herrera.
El 30 de marzo de 2016, luego de confirmar que los magistrados le aseguraron a su compañera la oficina y le impidieron el acceso a documentos indispensables para el ejercicio de la función que le encomendó el Senado de la República, el TEPJF aprobó por unanimidad la sentencia SUP-JDC-4370/2015.
Una muestra de que la conducta de los magistrados no ha variado ni un ápice: en la página de inicio del portal web del Tribunal Electoral del Estado (www.teeslp.gob.mx) aparecen reportes informativos de las actividades de los integrantes de ese órgano colegiado y en todos la magistrada es referida una sola vez.
El texto más reciente da cuenta de la asistencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuyo acto fue encabezado el mes pasado en la residencia oficial de Los Pinos, en la ciudad de México, por el presidente Enrique Peña Nieto.
“Se tuvo el honor de interactuar entre otras autoridades con el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, con la Secretaría de la Función Pública Licenciada Arely Gómez González y con la Senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República (sic)”, se lee en el último párrafo. Enseguida aparecen fotos de Garza de Lira con el mandatario nacional, con la funcionaria federal y la legisladora.
“Yo presenté dos iniciativas en el Congreso del Estado y en la página del tribunal no se publicó nada. ¿No es eso un acto discriminatorio? Yo también soy parte del tribunal, soy magistrada y también participé en el foro”, enfatizó en alusión al Foro de Consulta para la Reforma Político Electoral, celebrado el pasado 17 de febrero en la facultad de leyes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Su participación, subrayó, no fue solo con comentarios acerca de lo que en su opinión debe corregirse. “¿Mi trabajo no cuenta?”, cuestionó.
- ¿Usted solicitó que se publicaran?
- No. Yo no sé a criterio de quien (se publican los reportes). Ellos estuvieron presentes en el foro y no me van a decir que no se dieron cuenta que presenté las iniciativas.
Mientras, el procedimiento contra sus agresores, dice, “está en pausa, porque desde que el Senado dijo que no era competente para sancionarlos todo mundo se quedó en ‘Stand Bye’, sin saber qué hacer y con la duda de cómo actuar, porque no hay un marco jurídico que establezca expresamente el procedimiento a seguir”.
No obstante, sostiene, “las líneas que ejercí tienen que tener una respuesta”, a pesar de que en su defensa ellos alegan que los nombró el Senado y que muchas instancias, gracias a una “laguna legal”, se justifican para no actuar. Por ejemplo en materia de derechos humanos: “¿Por qué si presenté una queja en el 2015 hasta el momento no habido una respuesta?”, remarcó.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), recordó Pedroza Reyes, ejerció acción penal contra Joel Valentín Jiménez Almanza, Secretario de Acuerdos en el tribunal electoral, pero un juez de distrito resolvió que la fiscalía no tenía competencia por tratarse de un asunto local, comentó.
Desde noviembre del año pasado ese asunto está en la procuraduría estatal, que a la fecha “no ha podido ni notificar al Secretario de Acuerdos, a pesar de que aquí está. Lo vinieron a buscar varias veces y no lo pudieron notificar”, condenó.
“Al que notificaron fue a Rigoberto y éste presentó un escrito en el que pide que el asunto se reserve y está reservado. ¿Reservado de qué? ¿Qué se entiende por reservado?”, cuestionó con un tono de impotencia.
Anticipó que no habrá ninguna actuación contra Rigoberto ni Oskar, “más que la pura sentencia de la Sala Superior, que es declarativa pero que no obstante ha marcado un precedente muy importante”.
De manera que en los casos de otras personas en la misma situación “sí se pueda ejercitar una acción penal o administrativa o que el tribunal electoral pueda pronunciarse cuando se den estos actos de violencia”.
“En nuestro caso es mucho más complicado porque los magistrados tenemos fuero y la Procuraduría no puede ejercitar acción penal en contra de alguien con fuero. Primero se le debe quitar y ¿quién se lo tiene que quitar?…mientras no se resuelva esa duda el asunto está en ‘stand bye’”.
En medio año, en octubre próximo, concluye el periodo de su nombramiento. “Yo me voy y ellos se van a quedar muy quitados de la pena”. En 2014 Yolanda fue nombrada para ocupar el cargo por un periodo de tres años; Oskar por uno de cinco y Rigoberto por uno de siete.
Condenó que mientras no estén definidas las rutas a seguir para castigar la violencia política contra las mujeres, “vamos a seguir en espera de que una autoridad tome cartas en el asunto y tenga la voluntad de pronunciarse, de hacer lo correcto”.
“Porque sí hay un sustento: la Constitución y los tratados internacionales, que son legislación máxima y aunque no haya un procedimiento local válidamente se puede actuar. No se está fuera del margen legal. ¿Cómo lo hizo la Sala Superior? ¿En qué se fundamentó para dictar sentencia?”, añadió.
- ¿Se va a perder el asunto en el burocratismo?
- Espero que no. No sé si el Procurador lo esté analizando con lupa para ver qué tiene que hacer.
- ¿Confía en la Procuraduría?
- Necesito hablar con el Procurador, pero la verdad ya no he querido destinarle tanto tiempo a esto porque tengo otras cosas que hacer, que rindan más frutos en vez de trabajar en balde.
En esa tesitura, agregó, prefiere participar en curso, talleres y conferencias para hacer visible la falta de justificación legal y “la importancia de que otras mujeres no se queden calladas, porque se debe visualizar este problema, que se está dando más frecuentemente de lo que la gente se imagina”.
En algunos observatorios se tratan muchos casos de violencia política, apuntó. “Se avecina un proceso electoral y qué va pasar ahora que se aprobó la paridad de género en la postulación de candidatos”.
“Hay una reticencia de parte de algunas personas a la participación de la mujer en la política y ¿cómo se van a librar los obstáculos y darle seguridad a otras mujeres de que pueden participar sin una repercusión negativa?”, cuestionó.
Advirtió que eso podría desalentar la participación de féminas en búsqueda de cargos de representación popular. “Por temor a las consecuencias que puedan tener. Si no se les garantiza su seguridad habrá quien no tenga el atrevimiento de hacerlo”, reiteró.
- ¿Cómo sigue el ambiente aquí?
- Pues igual. Igual, igual. Lo que pasa es que ya no me confronto con ellos. Si quieren hacer algo que lo hagan, porque finalmente no hay quien les diga si están bien o mal, pues nadie es competente para revisar los actos de un magistrado. ¿Entonces para que me estoy peleando?
- ¿Eso agrava más los golpes emocionales?
- Yo siento que ya le di vuelta a la hoja y sigo mi camino, porque tengo proyectos y cosas que hacer, en las que estoy trabajando, participando foros en los que se la dé seguimiento a este tipo de asuntos.
Alguien, algún día, debe percatarse que esto “no es una exageración, como muchos dicen”. Recordó que en el foro de consulta sobre la reforma político electoral un diputado “les pidió a las mujeres que se dejaran de estar victimizando”.
“No te estás victimizando, simplemente estás evidenciado cómo se actúa y queda a criterio que se vea si es una exageración o si no merece la pena que se hable de estos temas y las cosas tienen que seguir en el mismo rumbo”, finalizó Pedroza Reyes.
