Por Alejandro Rubín de Celis
¿Habrá alguna autoridad en San Luis Potosí que esté dispuesta a frenar los abusos, la opacidad y la desobediencia del alcalde Ricardo Gallardo Juárez? ¿Acaso será la Auditoría Superior del Estado (ASE), La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), o el Congreso local? ¿O los ciudadanos seguiremos padeciendo sus excesos y la impunidad que lo cobija?
Una y otra vez Ricardo Gallardo ha pasado por encima de la ley sin que autoridad alguna le ponga freno o lo llame a cuentas con auténtica voluntad de que el presidente municipal cumpla con el marco legal que rige su función. Por el contrario, hay fundadas sospechas de contubernio y protección de distinto actores políticos e instancias públicas que le han permitido hasta ahora hacer prácticamente lo que le viene en gana.
Desde que surgió el escándalo del pago de medicamentos por 34.7 millones de pesos a la supuesta proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz y hasta su más reciente –y contradictoria– intención de modificar el contrato original firmado con Panavi para el remplazo y mantenimiento de luminarias de la ciudad, Gallardo ha actuado en varias ocasiones al margen de la ley y junto con sus colaboradores ha sido incapaz de ofrecer información precisa y de dar explicaciones convincentes acerca de polémicas acciones que ha emprendido.
En el controvertido caso del pago de medicamentos, después de frecuentes evasivas y ocultamientos, el ayuntamiento respondió con documentos incompletos, contratos sin firma y facturas posfechadas a una solicitud de información presentada en abril de 2016 por Astrolabio Diario Digital, lo que puso al descubierto el engaño con el cual la autoridad pretendió justificar la dudosa operación. El medio informativo presentó recurso de revisión ante la CEGAIP y el ayuntamiento entregó nueva documentación, sin embargo, el órgano garante no se pronunció sobre la confiabilidad y autenticidad de esas pruebas.
Vino luego la revisión de la Cuenta Pública 2015. Extrañamente, en el informe final de la ASE no aparecieron observaciones relacionadas con el pago irregular de medicamentos a Sandra Sánchez correspondientes al primer trimestre de la gestión de Gallardo, mientras que para el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez sí las hubo por pagos a la misma proveedora por un monto de 22.7 millones de pesos. ¿Por qué no se observó la falta de documentación comprobatoria en el caso de San Luis y en el de Soledad sí? La prensa evidenció, con pruebas testimoniales y documentales, cómo fue modificado el pliego original de observaciones por un monto de 171.6 millones de pesos, para que el que se entregó finalmente quedara en 137.7 millones de pesos. 33.9 millones de pesos menos. ¿Una mera casualidad, no? Sobre todo habiéndose conocido que diputados locales acudieron a la oficina del auditor, José de Jesús Martínez Loredo, para interceder a favor de Gallardo en los días previos a la entrega del informe final.
Más allá de las intenciones propagandísticas y electorales que han tenido las dos ediciones del Festival de la Cantera, la opacidad en el manejo de los recursos públicos y privados ha sido la característica de estos dos eventos. En la primera edición el hermetismo sobre la información de los gastos fue total. Bajo el argumento de que el pago de patrocinadores a grupos musicales y cantantes se hizo de particular a particular y de que “algunos” patrocinadores –no todos, conste– se negaron a que se revelara el monto que pagaron, nada se supo sobre la inversión privada, pero tampoco sobre los gastos que hizo el ayuntamiento en la organización del evento y si algunos de los artistas fueron pagados con fondos públicos. Ni siquiera los regidores tuvieron acceso a esa información. Lo único que sí se pudo conocer por una investigación periodística es que, tan sólo en medios de comunicación, la administración gallardista gastó 6.7 millones de pesos.
Para la segunda edición, el ayuntamiento afirmó que su gasto fue de 8.7 millones de pesos en el festival, pero Gallardo Juárez se negó a dar a conocer los pagos que se hicieron a cantantes y grupos musicales. Por artistas de talla similar a los que se presentaron en San Luis Potosí, el ayuntamiento de Ciudad Valles pagó en su fiesta del año pasado 16.2 millones de pesos. ¿A cuánto asciende y de dónde realmente sale el dinero para pagar estos fastuosos eventos? ¿No sería mejor invertirlos en mejorar la infraestructura urbana y los servicios públicos con la ayuda de los empresarios patrocinadores?
Otro acto que muestra la vocación de opacidad de Ricardo Gallardo es el ocultamiento del destino de 2 mil 239 millones de pesos del presupuesto municipal, según constan en los informes financieros trimestrales de la actual administración y del cual Astrolabio Diario Digital ha dado cuenta puntualmente. ¿A dónde han ido a parar esos fondos en un municipio con tantas necesidades como el de San Luis Potosí? ¿A las despensas, materiales para construcción, garrafones de agua, artículos escolares, tortillas subsidiadas, electrodomésticos y toda esa clase de dádivas que a diario entrega en las colonias populares con fines electorales? ¿O al “cochinito” para financiar las campañas que vienen en 2018 y 2021? –por aquello de que el financiamiento público no les alcanza– ¿O ambas?
Irresponsable, faltando a sus atribuciones, el presidente de la Cegaip, Alejandro La Fuente declaró, cuando primero se hizo público el ocultamiento del destino de mil 513 millones de pesos, que ese organismo asumía que lo que el ayuntamiento sube a su portal de transparencia es toda la información que existe y consideró que más bien se trataba de desvío de recursos, asunto que correspondía a la ASE. Pero dos colectivos de la sociedad civil presentaron una denuncia por omitir la publicación de la relación de egresos del ayuntamiento y la Cegaip se vio obligada a iniciar una investigación que derivó en la solicitud al alcalde y a la Unidad de Información Pública municipal de un informe que justificara ese faltante, cuya entrega en tiempo y forma no se cumplió.
A esa desobediencia se suma el desdén y el incumplimiento de la administración gallardista al procedimiento sancionador que resolvió el Ceepac, organismo electoral que encontró violaciones al artículo 134 constitucional por la promoción personalizada del alcalde al utilizar la palabra “Gallardía” en su propaganda, y que determinó que esa expresión no podía utilizarse más en la promoción de las actividades de Gallardo y su administración, a pesar de lo cual se sigue empleando en diversos actos, en la inauguración de obras y hasta en los chalecos que usan los brigadistas municipales. A pesar de ello, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha sido omiso en aplicar sanciones a estos actos de rebeldía que significan una afrenta para ese organismo y para el Estado de Derecho. Por otra parte, el resolutivo del Ceepac fue turnado a la ASE para la aplicación de las sanciones a que haya lugar por la violación constitucional en la que incurrió el presidente municipal, pero nada al respecto se sabe hasta ahora.
La Auditoría Superior del Estado acaba de entregar los informes finales de las cuentas públicas de los ayuntamientos y de otras entidades, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. ¿Habrá hecho la ASE observaciones a la administración gallardista por la falta de comprobación del gasto en medicamentos durante los meses de enero a marzo del año pasado o se las habrá perdonado como lo hizo en la revisión de la cuenta de 2015? Si no hay observaciones al respecto, ¿el Congreso del Estado se hará de la vista gorda y aprobará la cuenta pública del ayuntamiento o hará algo –como contratar una auditoría externa independiente a la de la ASE– para evitar que ese desvió de recursos que ha sido ampliamente documentado quede en la impunidad? ¿Sancionará la Cegaip el incumplimiento de la entrega de un informe justificado que debió presentar el ayuntamiento al no reportar por transparencia el destino de mil 513 millones de pesos o buscará alguna argucia jurídica para perdonárselo? ¿Castigará la Auditoría Superior a Gallardo por pasarse por el arco del triunfo el proceso sancionador establecido por el Ceepac o también buscará algún resquicio legal para evitar la sanción? ¿Castigará el órgano electoral al alcalde por seguir usando la palabra “Gallardía” o se hará el desentendido para no enfrentarse con el señor que todo lo puede?
Las instituciones tienen la palabra: o están del lado de Ricardo Gallardo y permiten que viole la ley y que la impunidad le dé armas para seguir cometiendo sus fechorías, o se colocan del lado de la sociedad que es a la que deben servir y, de una vez por todas, ponen en su lugar a un alcalde prepotente y soberbio que no conoce límites si la autoridad no se los impone.
