Vía Animal Político
Durante el Foro Centroamericano de Periodismo, informadores firmaron la Declaración de San Salvador, expresando su indignación por el asesinato de Javier Valdez, y exigiendo que se respete de la libertad de expresión.
Un grupo de 204 periodistas y ciudadanos de 19 países del mundo firmó una declaración en El Salvador, donde se exige al presidente Enrique Peña Nieto “una investigación pronta, debida y eficiente del asesinato de Javier Valdez”, además de medidas de protección para los periodistas que están en riesgo en México.
Otra de sus exigencias es “la depuración del sistema judicial mexicano” a cargo de la investigación de los delitos en contra de comunicadores.
La carta fue firmada durante la semana del Foro Centroamericano de Periodismo (ForoCAP), en San Salvador, entre el 15 y el 20 de mayo, y fue enviada esta semana al presidente Peña Nieto, a través de la embajada mexicana en el país centroamericano, indicó el periódico digital El Faro.
“Hoy, que una vez más el presidente de México ha expresado sus condolencias a los familiares y compañeros del último periodista asesinado, queremos recordarle que la debida investigación de estos crímenes es mucho más efectiva para proteger periodistas que ningún pésame”, se lee en la declaración de San Salvador.
“Entre los grandes enemigos del periodismo en México, además de los grupos del crimen organizado, narcotraficantes y autoridades corruptas, está el sistema judicial mexicano. Los niveles de impunidad en los casos de periodistas asesinados ascienden al 98 por ciento de los casos”, se agrega en el documento.
A continuación puedes leer la carta completa:
DECLARACION DE SAN SALVADOR
Nosotros, periodistas y participantes en el VII Foro Centroamericano de Periodismo, expresamos nuestra indignación por el vil asesinato de nuestro colega Javier Valdez, perpetrado el 15 de mayo pasado cerca de las oficinas de Río Doce en Culiacán, México. Valdez era uno de los mejores periodistas mexicanos en la crónica del horror en que el crimen organizado ha sumido a la sociedad sinaloense y sus trabajos, publicados principalmente en Río Doce y en La Jornada, constituían un aporte invaluable para su comunidad, su país y toda América Latina.
Su muerte se une a la de otros cinco periodistas asesinados en México en los últimos cinco meses. Sus asesinos han atentado contra el derecho a la información de la sociedad mexicana cuya garantía es responsabilidad de la administración del Estado. La libertad de prensa ha sido coartada.
El periodismo es una actividad fundamental en toda sociedad funcional. Pero en México el ejercicio periodístico es hoy un oficio prácticamente imposible de ejercer. Desde el año 2000, son ya 126 los periodistas asesinados en México. Javier Valdez ha sido apenas el más reciente y, lamentablemente, no hemos encontrado en la institucionalidad mexicana ni en las acciones estatales señales que alimenten la esperanza de que estos crímenes no sucederán más.
Entre los grandes enemigos del periodismo en México, además de los grupos del crimen organizado, narcotraficantes y autoridades corruptas, está el sistema judicial mexicano. Los niveles de impunidad en los casos de periodistas asesinados ascienden al 98 por ciento de los casos.
Hoy, que una vez más el presidente de México ha expresado sus condolencias a los familiares y compañeros del último periodista asesinado, queremos recordarle que la debida investigación de estos crímenes es mucho más efectiva para proteger periodistas que ningún pésame.
Por tanto, exigimos al gobierno mexicano que preside Enrique Peña Nieto:
1.- Una investigación pronta, debida y eficiente del asesinato de Javier Valdez y de los demás periodistas.
2.- La depuración del sistema judicial mexicano a cargo de la investigación de estos delitos.
3.- La puesta en marcha de las medidas de protección establecidas en la ley para periodistas en riesgo.
Al tiempo que demandamos a los gobiernos de nuestros países que hagan uso de todas las vías diplomáticas posibles para que la falta de libertad efectiva de prensa en México sea parte de la agenda prioritaria bilateral y multilateral en el continente.
San Salvador, 15 de mayo de 2017
