Por Antonio González Vázquez
Dice el alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez que el dictamen Panavi regresado a comisiones en el Congreso el pasado jueves “aun sigue vivo”, pero bien mirado, no puede estar vivo algo que está bien muerto.
Hasta hace unos días lo urgente era rechazar el dictamen por lo inexplicable y sospechoso de la propuesta para incrementar el monto del contrato a una empresa que incumplió y violó tal contrato.
Ya no hay tal urgencia, el dictamen está más frío que nunca porque tiene un tufo a corrupción y desconfianza; ahora es más importante eliminar por la vía legal el decreto que publicó el contrato original y darle tiempo al tiempo.
Muchos de los actuales diputados, inmersos en arreglos presuntamente ilegales para favorecer intereses privados en vez de los públicos, están de hecho descalificados política y moralmente para seguir conociendo del tema.
Oscar Bautista, presidente de la Comisión de Gobernación y Enrique Flores, de la Junta de Coordinación Política, principales impulsores de la intención de dar 200 millones de pesos más a la incumplida Panavi, son los menos acreditados para reemprender la revisión del tema en comisiones.
Y tal vez no solo eso, lo puntual sería que el asunto del alumbrado público espere al año entrante con la nueva administración municipal y con nuevos diputados. Los actores actuales se han preocupado por ensuciar lo más posible el caso de tal modo que no tienen la confianza de nadie.
Menos cuando se les descubrió en turbios actos de corrupción con el presunto ofrecimiento de dinero a cambio de votar a favor del dictamen. Eso fue un hecho y no se puede dejar como una anécdota más de la peor legislatura de que se tenga memoria.
En estricto sentido, el dictamen está más muerto que vivo porque es momento en que el ayuntamiento no explica las razones por las cuales se le entregarían 200 millones de pesos a la empresa siendo que falló en el contrato al no colocar en un espacio de 90 días las lámparas LED nuevas.
Y es un dictamen muerto, no vivo, ni con presuntos sobornos por hasta tres o cuatro millones de pesos lograron reunir los votos suficientes para llevar el tema al pleno. Lo que no se compró ayer, no se podrá comprar mañana porque la sociedad ya está alerta.
El dictamen está muerto desde que antes de asumir formalmente la presidencia, el propio Gallardo atacó debilidades y presuntas ilegalidades del contrato que ahora defiende, es decir, también Gallardo acabó en su momento con la pobre legitimidad del contrato.
Pero más muerto está el dictamen, habida cuenta de las numerosas voces de la sociedad que exigen la cancelación del contrato, de manera especial, los principales organismos empresariales y partidos políticos.
En un par de semanas concluirá el período ordinario de sesiones e irá el Congreso a receso hasta septiembre para dar inicio a su último año de ejercicio legal. No hay una sola señal que apunte a que el dictamen Panavi regresará el pleno antes de la clausura del período; se va a quedar congelado.
Sin embargo, esa no es la solución, los ciudadanos y sus organismos sociales que han venido combatiendo por la vía política y legal a Panavi y al ayuntamiento, pueden impulsar la cancelación definitiva del decreto que autorizó a Mario García para materialmente privatizar el alumbrado público.
Por donde se le busque, el negocio se les cayó y difícilmente lo podrán recuperar.
Es por eso que cuando al diputado Fernando Chávez en palacio de gobierno los reporteros le pidieron una explicación a los mensajes que envió en la sesión del jueves, respecto de la compra de voluntades, prefirió huir. Ya nadie en el Congreso quiere regresar a tan escabrosos asuntos que tanto hieden y enlodan a los más de por si enlodados y pestilentes.
