Por Eduardo Delgado
- Debe ir a la cárcel, junto con involucrados en video escándalo, agregó
El alcalde de Ébano, el panista Crispín Ordaz Trujillo, “no es un santo” y pretende “limpiarse las manos” con el video escándalo para perfilarse como candidato a diputado local en el 2018, aseveró Gregorio Pérez Jiménez, presidente de la Asociación Civil “Ponciano Arriaga” en aquel municipio.
Tras solicitar a este portal, a través de correo electrónico, exponer su opinión acerca de la corrupción en el ámbito municipal y en el Congreso local, vía telefónica advirtió también que el gobernador, Juan Manuel Carreras López, tiene ante sí la valiosa oportunidad de reivindicarse políticamente.
Aseguró que Crispín “no es santo” y junto con Enrique Flores, instructor de “la ecuación” para limpiar cuentas municipales en el video escándalo, el priista Óscar Bautista Villegas, el perregallardista J. Guadalupe Torres Sánchez y el ecologista Manuel Barrera Guillén, “deben ir a la cárcel”.
Condenó que el mandatario estatal ha mostrado una postura “tibia” ante esta circunstancia, pero estimó que debe aprovechar la oportunidad para emprender acciones de fondo, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para “rescatar la confianza en su gobierno”.
Sostuvo que Crispín Ordaz, tres veces jefe de la comuna en Ébano, localizado en la huasteca potosina, ha sido el mayor beneficiario de la corrupción en ese municipio.
Recordó que hace años, durante el sexenio del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, estuvo preso y pese a ello obtuvo la carta de antecedentes no penales para poder contender hace dos años como candidato a la alcaldía.
Pérez Jiménez considero que con el video escándalo Crispín quiere desmancharse sus manos para perfilarse como candidato a legislador local en la Sexagésima Segunda Legislatura, postulado por una alianza entre el PAN y PRD.
El líder social expuso que la corrupción y las negociaciones políticas para la postulación de candidatos a cargos de elección popular “siempre han existido”.
La renovación de la Comisión de Vigilancia en el Poder Legislativo “ha sido pura faramalla”. Insistió en que se debe proceder por la vía penal contra todos los implicados y obligarlos a devolver el dinero robado.
Las autoridades estatales deben dejarse de “engaños”, porque combinados con la pobreza, marginación e inseguridad “esto es un verdadero caos”.
El gobernador, remarcó, es el principal responsable de la gobernabilidad en el estado y por ende debe aplicar y hacer valer la legalidad en este caso, porque de no hacerlo aumentará la inconformidad social en todo el Estado.
Lo instó a poner a trabajar al Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, y al Procurador, Federico Garza Herrera, para hacer justicia en el caso del video escándalo.
Finalmente dijo que las autoridades deben resolver los problemas más graves que padece la sociedad, como la inseguridad, así como el desabasto de agua en aquella zona de la entidad, “donde tenemos mes y medio sin agua”.
