Por Victoriano Martínez
La validez de las actuaciones de la Auditoría Superior del Estado fue puesta en duda desde mayo de 2015 mediante una denuncia ante la Procuraduría General de la República sobre la idoneidad de los principales funcionarios del cuerpo fiscalizador, además de otra presentada ante la propia Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado en mayo de 2016.
Beatriz Adriana Urbina Aguilar en 2015 presentó la denuncia ante la PGR, en tanto que Miriam Lizeth Rocha Colín lo hizo el 26 de mayo de 2016, ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado por considerar que funcionarios responsables de validar los informes de auditoría no cumplieron con el perfil del cargo.
“La totalidad de los trabajos realizados desde el mes de febrero del año 2014 por parte de la Auditoría Superior del Estado (mes en que tomó protesta el actual titular), se encuentran viciados y nulos de origen en virtud de las citadas anomalías”, coinciden en señalar ambas denunciantes.
Rocha Colín señala a Manuel Abraham Reinhardt Guerrero por actuar, en la fecha que presentó su escrito ante la Comisión de Vigilancia, como Coordinador General de Auditorías Especiales, sin cumplir con el perfil del puesto descrito en los artículos 8 y 29 del reglamento interior de la ASE.
Menciona que para poder ocupar ese cargo, se requiere licenciatura en administración, contabilidad, economía o carrera afín con fiscalización, así como tener una experiencia mínima de cinco años. Reinhardt se ostenta como licenciado en derecho, por lo que no cumple con la carrera, y no acredita los cinco años de experiencia.
Urbina Aguilar, en su denuncia ante la PGR, señala los casos de Pedro Almendárez Robledo, quien fungió en 2015 como Coordinador de Auditorías Especiales y Coordinador de Adminsitración, Finanzas y Servicios sin contar con licenciatura como contador público; Luis Igueravide Rangel, quien se desempeñó como Coordinador Técnico Administrativo sin presentar constancias que demostraran su condición de licenciado en ingeniaría civil.
También señala a Luz Adriana Miranda Tello por presentar una cédula profesional en la que no coinciden sus datos ni el año de emisión de la reportada oficialmente por la SEP; a Humberto Pérez Castillo, coordinador del Despacho, por ostentarse como licenciado en administración pública sin acreditarlo.
Las denuncias, la primera presentada el 22 de mayo de 2015 y la segunda el 25 de mayo de 2016, no han tenido a la fecha ningún efecto ni en la PGR ni en la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
