Por Victoriano Martínez
Organizaciones nacionales ofrecieron acompañamiento y asistencia técnica a la movilización generada en el Estado tras los escándalos de corrupción en el Congreso del Estado.
Un grupo de representantes de distintas organizaciones empresariales y de la sociedad civil potosina que se han manifestado en contra de la corrupción en el Poder Legislativo fueron invitados a una reunión en la sede de Transparencia Mexicana, en la Ciudad de México
En la reunión, también participaron Jacqueline Peschard, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, y Alfonso Hernández Valdez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, quienes ofrecieron por su parte dar seguimiento al caso, dentro del marco de sus atribuciones.
Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, acordó con los asistentes potosinos iniciar la elaboración de una propuesta de Ley que regule las actuaciones del Congreso del Estado para evitar situaciones como las que hoy se enfrentan, con la intención de generar un modelo de parlamento abierto que podría servir de ejemplo para el resto del país.
Por parte del grupo de potosinos participaron en la reunión integrantes de Canaco, Coparmex, Nuestro Centro, Acción Ciudadana, Ciudadanos Observando y Ciudadanos Hasta la Madre, quienes expusieron la situación en el estado hasta los últimos acontecimientos.
Tras clarificar la importancia de definir estrategias políticas y técnicas para que la movilización alcance mejores resultados en el combate a la corrupción, se trataron los temas de la eliminación del fuero, los esquemas para el nombramiento de nuevo Auditor Superior del Estado y Fiscal general y anticorrupción, y seguimiento a los delitos cometidos por la “ecuación” del Congreso.
Sobre la forma de nombrar al fiscal general, Bohórquez señaló que existe acuerdo en todos los actores que promueven desde la sociedad civil el Sistema Nacional Anticorrupción en que no debe haber un pase automático de procurador a fiscal, lo que ya incluso fue aceptado a nivel federal por la presidencia de la república.
“No habría razón para que ese esquema se mantuviera en San Luis Potosí, cuando el presidente, que es del mismo partido que el gobernador, ya retiró esa intención a nivel federal”, expresó Bohórquez.
Los representantes de los organismos nacionales propusieron que el cuerpo de abogados que asesoran a las movilizaciones en San Luis Potosí hagan un recuento de los delitos en los que han incurrido los diputados locales para que se presenten denuncias penales específicas por cada uno de ellos.
Jacqueline Peschard, presidenta del SNA, les recomendó al dar seguimiento puntual a las denuncias que se presenten ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, a quien se le debe demandar constantemente un informe sobre los avances en las investigaciones.
“En materia de corrupción no hay reserva de la información”, advirtió Peschard.
Los participantes en la reunión fueron Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana; Jacqueline Peschard, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción; Alfonso Hernández Valdez, del Comité de Participación Ciudadana del SNA, y los investigadores Guillermo Ávila de Fundar y Marco Fernández de México Evalúa.
De San Luis Potosí Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio; Jaime Chalita Zarur, presidente de Coparmex; Juan Manuel Leos, ex presidente de Canaco y consejero de Nuestro Centro; Hugo Stevens Amaro, de Acción Ciudadana, y Héctor Gámez, de Ciudadanos Observando.
