Por Alejandro Rubín de Celis
Lo sucedido este jueves 29 de junio en el Congreso del Estado donde se rechazaron todas las cuentas públicas de 2016 y se aprobaron las licencias a tres diputados; y en el Ayuntamiento de San Luis Potosí donde el cabildo votó por unanimidad la rescisión del contrato con la empresa Panavi, marcan un hito en la historia de San Luis Potosí.
Hace prácticamente 25 años, cuando se dieron las luchas del Navismo para evitar el fraude electoral y conseguir por primera vez la ciudadanización de un órgano electoral en el país, que no se veía a una sociedad actuante y decidida a emprender cambios de fondo en las instituciones, como lo ha hecho la sociedad potosina en meses recientes y que ha logrado revertir decisiones que dañaban el interés general.
La crisis de credibilidad y confianza derivada principalmente -además, por supuesto, del hartazgo por los constantes excesos de la clase política- por la abusiva intención del alcalde Ricardo Gallardo de modificar el contrato original con Panavi para entregarle injustificadamente otros 211 millones de pesos a la empresa, y por la enorme indignación que produjo el escándalo de “la ecuación corrupta” en el Congreso del Estado, generaron las condiciones necesarias para construir un movimiento social activo y pujante que aglutinó, como desde hace mucho tiempo no se veía, a empresarios, organizaciones civiles, colectivos, académicos, profesionistas, comerciantes y ciudadanos en general, que han venido exigiendo cambios profundos en las estructuras de decisión gubernamental y en la fiscalización de las finanzas públicas, con una decidida actitud de combatir la corrupción y la impunidad más allá del discurso oficial.
Las protestas ciudadanas en recintos oficiales, los desplegados en la prensa y los pronunciamientos de líderes sociales, empresariales y eclesiásticos por el escándalo de corrupción entre diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tuvieron eco en la prensa nacional y hasta el apoyo de organizaciones nacionales como Transparencia Mexicana y de miembros nada menos que del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que ofrecieron a representantes del Frente Ciudadano contra la Corrupción -que aglutina a buena parte de las organizaciones y ciudadanos inconformes en San Luis Potosí- respaldar el movimiento y dar seguimiento a sus demandas.
Lo acontecido ayer en la sala de plenos del Congreso -en una sesión fast track, con airadas protestas e intentos de tomar la tribuna- y en la sesión del Cabildo de San Luis Potosí puede ser interpretado por muchos como una gran victoria de la ciudadanía y en una dimensión lo es, pero queda un largo y pedregoso camino por recorrer que plantea grandes desafíos.
Hay cientos de ejemplos de movimientos sociales y políticos aparentemente sólidos que han enarbolado demandas justas pero que se han desvanecido al paso de las semanas o los meses. Muestras recientes de ello son la protesta nacional contra el gasolinazo que duró unas cuantas semanas y las denuncias por fraude electoral en Coahuila y el Estado de México, que prácticamente ya salieron de la agenda pública y de los medios de comunicación. Estos casos representan una expresión más de que el régimen no está dispuesto a ceder a la presión social y que le apuesta al desgaste y al olvido que tan buenos resultados le han dado históricamente.
La irritación y la protesta social mostrada en distintos espacios y momentos -como sucedió también en la sesión del Congreso celebrada en Ciudad Valles y en la del 8 de junio en la capital cuando se intentó aprobar la modificación al contrato con Panavi- han sido fundamentales para hacer que los diputados le dieran reversa a las cuentas públicas del año pasado de todos los entes obligados, para que tres legisladores solicitaran y se aprobara su solicitud de licencia, y para que Gallardo diera marcha atrás en el asunto de Panavi, pero no es suficiente para lograr las transformaciones estructurales que se han propuesto. Para alcanzarlas se necesita de mucha resistencia y compromiso social.
Lograr la eliminación del fuero, hacer que se desarrollen investigaciones y en su caso juicios imparciales por parte de la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial, conseguir que se integren los principales órganos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) con auténticos representantes de la sociedad civil, lograr cambios estructurales en la ASE e incidir en el nombramiento de su titular, es una tarea ardua y difícil para la sociedad pues implica cambiar paradigmas y prácticas históricas profundamente arraigadas en las instituciones y entre funcionarios y servidores públicos.
En esta trascendental coyuntura es posible identificar cuatro grandes retos para este importante movimiento ciudadano que ha surgido: uno es que permanezca en el tiempo, es decir, generar estrategias para que los distintos actores sociales se mantengan unidos -profesionistas, académicos, organizaciones civiles, empresarios, comerciantes y ciudadanos en general- , sabedores de que la lucha será larga y desgastante. Otro es hacer un seguimiento puntual al cumplimiento de sus demandas por parte de las instancias que tengan la capacidad de resolverlas; uno más es exigir que para la Comisión de Selección del SEA se elija a genuinos representantes de la sociedad civil que puedan a su vez elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, para que este órgano del Sistema impulse un verdadero combate a la corrupción en todos los órdenes y se elija adecuadamente el perfil técnico y moral del fiscal general, el fiscal anticorrupción y del nuevo auditor del estado. Y, por último, mantener la atención no sólo de los medios locales sino de los de cobertura nacional y los digitales -que llegan a cualquier parte del mundo-, abasteciéndoles de información oportuna de los procesos que se siguen para el logro de los objetivos, pues a través de ellos se ejerce una presión muy importante hacia las autoridades.
Nadie quiere que pasen otros 25 años para que, ante los abusos del poder, se vuelva a gestar otro movimiento ciudadano que exija cambios de fondo. La sociedad no puede esperar más. Es la hora del cambio. Hay que asumirlo con gran capacidad de resistencia y con un profundo compromiso social.
