Por Antonio González Vázquez
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a la consejera electoral Claudia Contreras Páez en el sentido de que no se puede que defina por ostentar ese cargo o el de directora de la Unidad de Transparencia en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
En comunicado de prensa, la Sala Regional Monterrey, dio a conocer que revocó la resolución del Tribunal Electoral de San Luis Potosí al estimar que no fue exhaustiva, porque omitió exponer las razones por las cuales consideró que el Reglamento Nacional de Elecciones del INE, así como la Ley de Transparencia, facultan al CEEPAC para requerir a uno de sus integrantes optar por dejar su cargo o seguir desempeñando sus funciones de Directora de la Unidad de Transparencia del propio organismo.
Se razonó en la sentencia que aun y cuando el referido Reglamento permite implementar mecanismos de designación, remoción o ratificación de los titulares de las áreas que lo integran, tales atribuciones no justifican privar de los derechos laborales adquiridos de quienes ocupan el cargo; en el caso, resulta ilegal que el Consejo General local requiriera sin justificación o procedimiento alguno a la servidora pública, pues contaba con una licencia sin goce de sueldo como directora de la Unidad de Transparencia, derecho concedido por el propio órgano para desempeñarse como Consejera.
En consecuencia, el Pleno de la Sala Regional dejó sin efectos el requerimiento en cita así como diversos oficios relacionados con la decisión de reasumir sus funciones y mantener la titularidad de esa área, u optar por continuar el nombramiento como Consejera.
En la misma sentencia, la Magistrada y los Magistrados advierten que la promovente denuncia actos de coacción que impactan en el ejercicio de su cargo como consejera y pueden constituir violencia política de género o laboral, que deberán informarse al INE, autoridad competente para conocer sobre los conflictos relacionados con la integración y adecuado funcionamiento del OPLE, para que inicie un procedimiento de investigación y determine la imposición o no de sanciones.
