Por Alejandro Rubín de Celis
Creado a imagen y semejanza del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) constituye una esperanza para muchos potosinos de emprender, ahora sí, una lucha frontal contra ese cáncer – quizá el mayor junto con el de la impunidad- que tanto daño ha hecho al país, al estado y a sus instituciones.
Una de las mayores expectativas que han generado ambos sistemas es la participación en algunos espacios clave de representantes de la sociedad civil, que ha sido una añeja demanda ciudadana para evitar que políticos y funcionarios sean quienes ocupen los puestos de decisión en asuntos que a todos nos afectan.
Lamentablemente tanto el SNA como el SEA tienen problemas de origen que hacen que la representación social en ciertos órganos sea insuficiente para evitar el mayoriteo de personajes ligados a poderes e instituciones gubernamentales que están desprestigiados por diversas razones -abusos de funcionarios, diputados, magistrados, ampliamente conocidos- mientras que los titulares de nuevos órganos en ambos sistemas serán propuestos y designados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, respectivamente, de modo que no hay ninguna garantía de independencia en sus posturas y decisiones.
El Sistema Estatal Anticorrupción está compuesto -al igual que el Sistema Nacional- por un Comité Coordinador que es el principal órgano en la toma de decisiones. Estará integrado -dado que aún no termina de conformarse el Sistema en su conjunto- por la persona que presida el Comité de Participación Ciudadana, en el que teóricamente estaría representada la sociedad civil. Los otros seis integrantes del Comité Coordinador son: el titular de la Auditoría Superior del Estado, que después del escándalo de la “ecuación corrupta” y la renuncia al cargo de José de Jesús Martínez Loredo será elegido por el Congreso del Estado, cuya legislatura en funciones, salvo algunas excepciones, goza de enorme desprestigio; el titular de la Contraloría General del Estado, que le debe la chamba al gobernador; el presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública Alejandro Lafuente que, como sus antecesores, se ha caracterizado por apoyar más a los entes obligados en su rechazo a abrir información pública, que a la ciudadanía en su derecho a saber, y que igualmente fue palomeado por el gobernador.
También lo integran un representante del pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, órgano en el que su presidente es propuesto por el gobernador y en el que, de los otros tres integrantes, uno es designado por el Poder Legislativo, otro por el Supremo Tribunal de Justicia y uno más por el Ejecutivo; el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa cuya terna es propuesta por el gobernador, por lo que cualquiera que quede le deberá el puesto al mandatario; y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que dependerá de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular también será propuesto por el gobernador y que puede recaer nada menos que en el actual procurador, Federico Garza Herrera, hombre de todas las confianzas de Juan Manuel Carreras. ¿Cuántos de estos nombramientos responderán a los intereses ciudadanos y cuántos a los del régimen al que ellos mismos pertenecen o pertenecerán y que otorga privilegios que la mayoría no tiene?
Valga un ejemplo para darnos una idea más clara de lo que puede suceder con el Sistema Estatal Anticorrupción. El 3 de julio pasado la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción votaron en contra de solicitar al presidente de la República información sobre el malware Pegasus que usan la PGR y otras instituciones del Estado mexicano para espiar a políticos, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, según investigaciones periodísticas serias y confiables. La única que votó a favor fue Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), quien hizo la propuesta de pedir la información al Ejecutivo federal. Los que votaron en contra adujeron que no se trata de un caso de corrupción. ¿No es corrupción emplear un sistema adquirido con recursos públicos para interceptar comunicaciones de la delincuencia y usarlo para espiar a críticos, opositores y activistas?
El CPC en ambos sistemas, el nacional y el estatal, es un logro indiscutible de la sociedad civil pero por desgracia es insuficiente para detener las maniobras y estrategias del régimen con las que acaba por tener mayoría en todos los órganos importantes de decisión -hasta en las cámaras de diputados y senadores y congresos locales donde el PRI hace alianzas con distintos partidos para alcanzar las mayorías requeridas-.
Organizaciones ciudadanas han denunciado intentos de funcionarios y políticos que buscan influir en la composición de los órganos de los sistemas estatales anticorrupción y en el nombramiento de los fiscales. En entrevista con Carmen Aristegui el jueves 20 de julio, Jacqueline Peschard, presidenta del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción lo confirmó: “… lo que vemos es que hay un retraso porque no solamente se ha legislado insuficientemente sino también se ha legislado mal, porque no se nombra a los miembros del Comité de Participación Ciudadana en los estados bajo la fórmula que deberían de nombrarse que es ‘ciudadanos nombrando ciudadanos’; porque los fiscales anticorrupción en los estados no son autónomos, en fin… son datos muy preocupantes”.
En el caso de San Luis Potosí el Comité de Selección que se supone está compuesto por ciudadanos independientes y que ya fue aprobado por el Congreso del Estado está pronto a nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, órgano cuyas decisiones por cierto no tienen carácter vinculatorio y carece de facultades para sancionar actos de corrupción.
Una vez más la simulación del régimen está presente en San Luis Potosí, ahora en el Sistema Estatal Anticorrupción.
Sólo la presión social, que ha ganado batallas importantes en tiempo reciente, podrá revertir en mayor o menor medida este ventajoso diseño institucional del SEA, como lograr que se atienda la demanda de que el fiscal general sea un ciudadano independiente y comprometido con los anhelos de justicia de la ciudadanía, conseguir que los cinco integrantes del CPC también sean ciudadanos independientes, y ganar otros espacios de participación ciudadana efectiva en instancias de decisión como el Congreso del Estado, que es lo que organizaciones civiles están impulsando. Veremos.
