Por Antonio González Vázquez
Hoy hace dos meses que estalló el escándalo de la Ecuación de Corrupción y la impunidad continúa. El caso que mostró el estercolero en el que habita la clase política potosina cumple sesenta días sin que alguien haya sido sancionado.
El 12 de junio de 2017 está en camino de convertirse en una efeméride en los renglones torcidos del servicio público, una simple anécdota que permita recordar cuan corrupto se puede ser sin correr el riesgo de ir a la cárcel.
Y no solo eso, es también motivo para conocer qué tan grande puede ser el cinismo de un funcionario público. Tal es el caso de Manuel Barrera Guillén a quien el gobierno le envió policías a la sesión legislativa de ayer para que lo protegieran del repudio que se ha ganado con tanto merecimiento.
Dos meses después de la exhibición del video en el que Enrique Flores le platica al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, cómo hacer para que la Auditoría Superior del Estado libre un certificado como el “mejor alcalde del mundo”, los involucrados gozan de libertad e incluso, como en el caso del diputado Barrera, gozan de la protección del Estado.
Han transcurrido sesenta días desde que el diputado Flores confesó que en el Congreso y en la Auditoría Superior se limpian cuentas públicas a cambio de “mordidas” millonarias. Dependiendo del sapo es la pedrada.
Pero estamos en San Luis Potosí donde el índice de impunidad es del 98 por ciento, lo que supone que no debería sorprender que la justicia no aparezca ni se le vea de lejos.
Dos meses es demasiado tiempo para que el saldo del escandalazo sea la licencia de tres diputados, la renuncia del auditor Jesús Martínez y la remoción (con jugosos finiquitos) de trece funcionarios de la Auditoría.
Eso es todo lo que ha ocurrido en sesenta días, lo cual no deja de ser una burla del poder público y de su clase política a la sociedad.
Los diputados extorsionadores están libres y haciendo planes acerca de su futuro, con la agraviante de que Manuel Barrera, integrante de esa banda de extorsionadores, se mantiene, sin asomo de vergüenza, como presidente de la Mesa Directiva del Congreso.
Fue el 24 de mayo de 2017 cuando el diputado Flores ilustraba al alcalde Ordaz sobre el cómo de la ecuación de corrupción y el día 12 de junio la conversación se hizo pública.
El tema por necesidad escandaloso y ofensivo ganó espacios en la prensa nacional e internacional y en las redes sociales se extendió para arrancar expresiones de indignación de todos los que veían y escuchaban a Flores.
Sin embargo, sesenta días después no ha habido consecuencias legales para nadie y de no ser por las movilizaciones del Frente Ciudadano Anticorrupción, el caso ya estaría sepultado.
Muchas manifestaciones, desplegados públicos, declaraciones a la prensa, posicionamientos políticos, persecuciones y ofensivas de amplio rechazo a los cuatro diputados de la Ecuación, una docena de carpetas de investigaciones y todo se sigue quedando ahí.
El caso de corrupción más evidente y cínico del que se tenga memoria reciente va camino al olvido porque así lo quiere el gobierno de Juan Manuel Carreras y la legislatura. No se puede pensar de otro modo, sesenta días sin consecuencias para nadie es ya demasiado tiempo.
Debería apurarse la Procuraduría General de Justicia en resolver las denuncias que ha recibido, ya viene pronto el segundo informe del gobernador y sería muy lastimoso que el caso emblemático de corrupción en el servicio público siga en la impunidad.
Sería ese un muy mal mensaje para la sociedad, pues sería indicativo de que con Carreras en San Luis, hay permiso para extorsionar desde las curules.
