Por Eduardo Delgado
- Nunca ha negado su origen: “Trabajé en el despacho de Oscar Vera”.
- Luego fue síndico en Soledad, durante gestión de Gallardo Juárez.
- Enseguida fue asistente del finado diputado Juan Manuel Segovia.
- De ahí pasó al TECA, donde pretende continuar hasta el 2020.
La presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, aseguró no “proteger” al alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, desde su cargo, en el que aspira proseguir otros tres años, hasta septiembre del 2020.
Explicó que fue síndico en la gestión de Gallardo Juárez en Soledad de Graciano Sánchez (2009-2012), porque fue parte de la planilla postulada en una alianza pluripartidista integrada por el partido Conciencia Popular, instituto político con el que “mi afiliación siempre ha sido, única y exclusivamente”, remarcó.
A pregunta expresa de si “protege” a Gallardo, como consideran trabajadores despedidos del Ayuntamiento capitalino en los dos últimos años, respondió tajante: “De ninguna manera. Por la dinámica del tribunal es imposible, porque es un ente colegiado y en el Pleno yo no tengo la última palabra”, completó.
Cervantes Gamboa acudió este martes a la sede de las oficinas de los diputados a entregarles a estos -dijo- invitaciones a su próximo informe de actividades.
De paso se entrevistó con la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, cuyo “jefe político” es Gallardo Juárez. La legisladora “gallardista”, comentó, “tenía una inquietud acerca de una iniciativa que pensaba promover respecto de los trabajadores”.
Nunca, aseveró la presidente del TECA, ha negado sus inicios ni su orígenes: “Trabajé en el despacho del licenciado Oscar Vera y de aquella alianza es que llegó a la sindicatura municipal de la administración 2009-2012”.
Los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Conciencia Popular y Social Demócrata, refirió, postularon a Gallardo Juárez como candidato a presidente municipal de Soledad en el año 2009.
Al término de ese encargo de elección popular se incorporó a trabajar como asistente del finado diputado priista, Juan Manuel Segovia Hernández, en anterior legislatura.
En septiembre de 2014, un año antes de concluir la LX Legislatura Local, fue electa en Poder Legislativo para integrar el tribunal, con el voto de 24 de 27 diputados “de distintos colores partidistas”, añadió.
Sostuvo que desde esa posición no protege al edil capitalino, porque el tribunal es conformado por otras cuatro personas, nombradas por representantes de patrones y trabajadores de gobierno, explicó.
Junto con ellos, apuntó, se toman las determinaciones. “Estas no recaen en mí y en el Pleno cada voto cuenta”, subrayó.
Precisó que es legítimo su interés en continuar hasta el año 2020 en el tribunal, dedicado a la atención de las demandas laborales de trabajadores de los 58 municipios, de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado y de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Sería bueno que se continuara con los proyectos. No es una cuestión personal sino que la ley me da esa prerrogativa y se tiene que considerar como tal”, abundó.
Garantizó que a nadie le debe su cargo y que tampoco tiene “padrino” político. “Como cualquier ciudadano tenemos derecho a hacer valer nuestro trabajo”, justificó su aspiración.
A su parecer, opinó, el tribunal ha sido muy “golpeteado” sin razón, pues expuso que es una autoridad jurisdiccional cuyas resoluciones se ventilan y se revisan en los tribunales federales.
Por tanto, reiteró, “no es una cuestión de proteger absolutamente a nadie, porque cada una de las partes (empleado y patrón) allega al procedimiento lo que consideren y nosotros resolvemos conforme a eso. El tribunal es imparcial”, enfatizó.
Acerca del despido masivo de trabajadores durante los dos últimos años, en el Ayuntamiento capitalino, sostuvo que ese órgano colegiado tiene la obligación de recibir todas las demandas de los trabajadores, sostuvo: “Nosotros únicamente resolvemos con lo que las partes nos alleguen”.
Finalmente hizo un llamado a los funcionarios para que no afecten el erario público con despidos injustificados, porque “las arcas de las instituciones se ven muy laceradas al seguir incurriendo en prácticas que ponen riesgo el recurso público”.
