Por Alejandro Rubín de Celis
Ha llegado el momento de empezar a cobrar la factura a unos partidos políticos que le han dado la espalda a los ciudadanos a pesar de lo cual reciben carretadas de dinero público que sólo sirve para mantener burocracias partidistas y financiar campañas y proyectos de grupos políticos que sólo buscan mantenerse en el poder.
La sentencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que confirma la constitucionalidad de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero aprobada en el Congreso de Jalisco, sienta un precedente que pone a San Luis Potosí en un camino sin retorno para que aquí también se apruebe una reducción significativa en el financiamiento público a los partidos, como un primer paso para que en el mediano y largo plazo dejen de recibir dinero de los contribuyentes y se atengan a lo que les aporten sus militantes y simpatizantes.
Desde luego que la resolución de la SCJN pone en perspectiva la posibilidad de que se apruebe esta medida en otros estados del país y a nivel federal, pero San Luis Potosí se encuentra en una coyuntura muy propicia para impulsar esta iniciativa dada la dinámica de un movimiento social que vienen empujando cambios importantes en el estado, sobre todo a partir de que se reveló la coloquialmente llamada ecuación corrupta.
¿Estará el Congreso del Estado dispuesto a discutir y aprobar una iniciativa como la de #SinVotoNoHayDinero? A decir de la forma como la sociedad civil ha doblegado a los diputados en meses recientes (aunque faltan las etapas más complicadas en algunos procesos como designar fiscal general y fiscal anticorrupción, nombrar al nuevo auditor del estado y concluir la investigación judicial por la presunta red de corrupción Congreso-Auditoría-alcaldes) es factible que le dé entrada, lo que sí es seguro es que habrá enormes resistencias externas de algunas dirigencias partidistas, e internas, porque los diputados representan a los distintos partidos políticos que son los beneficiarios del financiamiento público.
El ahorro que se podría alcanzar en el ámbito local no es menor si se calcula el financiamiento en función de la votación total válida emitida y no del total de electores que aparecen en el padrón, como lo planteó el creador de la propuesta, el diputado independiente por Jalisco Pedro Kumamoto.
Según un cálculo hecho por el consejero electoral de San Luis Potosí, Martín Faz Mora, publicado en su cuenta de Twitter (@MartinFazMora), este 2017, que no es año de votaciones ni de campañas electorales cuando el gasto es mayor, se ahorrarían 42.6 millones de pesos de financiamiento a los partidos en el estado de un total presupuestado de 93. 9 millones de pesos (incluido el recurso destinado a las Agrupaciones Políticas Estatales, APE’s, que desaparecerá a partir del año próximo), es decir, una reducción de 45.36 por ciento.
El aumento progresivo en la entrega de dinero público ha sido uno de los factores (si no es que el más importante) que ha pervertido la razón de ser de los partidos políticos en cuanto a su carácter de entidades de interés público que están para atender y canalizar las necesidades sociales, ser espacios de expresión popular y representar los intereses ciudadanos en los órganos de gobierno. Tan sólo en los últimos 5 años, el financiamiento público a los partidos en San Luis Potosí se incrementó en un 268 por ciento de acuerdo a datos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), al pasar de 34 millones 564 mil 222 pesos en 2013, a 92 millones 667 mil 239 pesos en 2017 (sin contar la partida destinada a las APE’s).
¿Estarán dispuestos los partidos políticos a perder una parte de la enorme cantidad de dinero que reciben y que cada año se incrementa, y a que sus representantes en el Congreso de Estado lo aprueben? Algunos han dicho que sí como el PRD a través de su dirigente estatal, José Luis Fernández pero no todos están convencidos.
En buena medida, con el financiamiento público los partidos sufragan sus gastos de operación (sueldos del personal y de los dirigentes, compra o renta de instalaciones y vehículos y su mantenimiento), las campañas de sus candidatos a puestos de elección popular (incluido material propagandístico que despliegan por todo el territorio), la insustituible compra de votos de la que no se pueden sustraer, y hasta el pago de las multas que les impone la autoridad electoral por rebasar los topes de campaña o por presentar irregularidades en su contabilidad. Un cuantioso gasto que no se regresa en beneficios para la ciudadanía que ya está cansada de mantener a los partidos y sus dirigencias.
Por eso la propuesta de Pedro Kumamoto aprobada en Jalisco y refrendada por la SCJN tiene mucho sentido: que los partidos obtengan financiamiento público de acuerdo a los votos que alcanzaron en una elección y no en función de la totalidad de ciudadanos que aparecen en el padrón electoral, sobre todo si se toma en cuenta que los niveles de votación en años recientes no superan el 65 por ciento sobre el listado nominal (aunque la mayoría oscila en el 50 por ciento) y que el total de los votos emitidos se reparte entre las distintas fuerzas políticas en competencia.
Con la resolución de la SCJN a la iniciativa #SinVotoNoHayDinero y una sociedad potosina que ha resurgido para exigir sus derechos (Pedro Kumamoto declaró que lo que hizo posible la aprobación de su iniciativa fue un vigoroso apoyo social) están dadas las condiciones para demandar al Congreso del Estado que apruebe una reducción significativa al financiamiento público que se otorga a los partidos en San Luis Potosí, a pesar de las resistencias que habrán de surgir. No debe haber marcha atrás.
El siguiente paso, una vez que se reduzca el dinero público a las distintas fuerzas políticas que operan en el estado, es modificar el modelo de financiamiento a fin de que los partidos encuentren otras fuentes de ingresos para su subsistencia y operación, y una de ellas debe ser retomar el esquema de aportaciones de sus militantes y simpatizantes.
La sociedad no tiene por qué mantener partidos políticos que no le reportan mayores beneficios.
