Por Alejandro Rubín de Celis
Pronto iniciará la reposición de las auditorías a las cuentas públicas de los 113 entes obligados del estado correspondientes al ejercicio 2016, cuyos informes finales en su primera versión fueron rechazados por el Congreso del Estado luego de revelarse la presunta red de corrupción que involucra a diputados, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y alcaldes.
Una de las mayores incógnitas es cómo saldrá la nueva auditoría a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí que encabeza Ricardo Gallardo Juárez, que en la primera revisión salió con cero observaciones financieras, mientras que en la cuenta de 2015 le redujeron observaciones por casi 34 millones de pesos, cantidad que coincide con la que presuntamente pagó por la compra de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz y que nunca pudo comprobar públicamente.
El dato de cero observaciones financieras de la Auditoría Superior del Estado en 2016 sobre un presupuesto ejercido por el ayuntamiento gallardista de 2 mil 81 millones 565 mil pesos, contrasta con el desvío de 7 millones 440 mil pesos de fondos entregados por la federación en dos partidas que suman 89 millones 940 mil pesos, que representa el 8.2 por ciento sobre la cantidad transferida a las arcas municipales.
Los datos se desprenden del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a estados y municipios el cual precisa que el Ayuntamiento de San Luis Potosí pagó 414 mil 58 pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por una obra que no se ejecutó en los carriles centrales de la avenida 20 de Noviembre, y un millón 720 mil 894 pesos más en el mismo proyecto que “no acreditó que fueron utilizados para el pago de la obra convenida”.
Con relación a este fondo la ASF hizo 13 observaciones de las cuales la administración de Ricardo Gallardo sólo solventó cuatro; las nueve restantes generaron siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
En el dictamen correspondiente se asienta además que “En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de obra pública y registros contables (…) en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no presentó evidencia de la publicación en su página de internet de la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances físicos y financieros”.
El informe hace constar que del programa denominado Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública el ayuntamiento de la capital recibió 65 millones 215 mil pesos, de los cuales no presentó documentación comprobatoria por 5 millones 605 mil 400 pesos, los cuales tuvo que reintegrar del erario municipal a la Tesorería de la Federación en este 2017.
En este caso la ASF hizo 11 observaciones de las cuales se solventaron tres, y las otras ocho generaron siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
En el dictamen respectivo también se establece que el ayuntamiento incumplió sus obligaciones en materia de transparencia pues no incluyó la gestión del subsidio en los informes trimestrales que publica en su página de internet.
Las observaciones en materia de transparencia contrastan con la evaluación que ha hecho al ayuntamiento presidido por Ricardo Gallardo la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que le ha dado una calificación de 101.99 por ciento de cumplimiento en transparencia.
En cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado el informe muestra una notable desatención por parte de la administración municipal. Señala que fueron “mínimos” los avances en la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) porque careció de normas que regularan, orientaran y condujeran la instrumentación de ese sistema; no contó con un programa que estableciera estrategias, líneas de acción, metas, plazos e instancias de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en el municipio; no formuló un plan anual que considerara evaluaciones de los recursos de los fondos y programas; tampoco generó criterios para la evaluación del desempeño ni evaluaciones en este campo respecto de los fondos y programas financiados con gasto federalizado.
Los desvíos e inconsistencias que se desprenden de las observaciones de la ASF a dos fondos federales demuestran que la administración gallardista no es impoluta en materia financiera como sospechosamente sí lo establece el informe final de la cuenta pública 2016 elaborado por la ASE y que para bien de la sociedad ya fue rechazado.
En la reposición de las auditorías a las cuentas públicas, ¿la Auditoría Superior del Estado será capaz de llevar a cabo una revisión estrictamente técnica a la cuenta pública del ayuntamiento de la capital o sucumbirá a posibles presiones políticas para que las observaciones financieras salgan en cero o que sean mínimas para aparentar un manejo financiero ordenado, eficiente y apegado a la legalidad? Independientemente de la supervisión que hará un despacho externo durante la reposición de las auditorías por parte de la ASE, ¿los diputados que integran la Comisión de Vigilancia revisarán acuciosamente el informe final que emita el órgano local de fiscalización sobre la Cuenta Pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí (como deberá hacerlo con los demás entes obligados), o lo dejará pasar tal como venga de la Auditoría Superior del Estado? En el pleno del Congreso, ¿los legisladores votarán el dictamen de la Comisión de Vigilancia bajo criterios técnicos o políticos?
La sociedad debe estar muy atenta para evitar un nuevo engaño.
