Por Alejandro Rubín de Celis
- En 2 años, Carreras y Gallardo habrán gastado al menos 179 millones de pesos en propaganda para promover su imagen
La mayoría de las personas que lee, ve o escucha noticias sobre asuntos de interés general en periódicos impresos o digitales o en la radio o la TV piensa (o quizá lo hace inconscientemente) que está recibiendo información trabajada por los reporteros de los propios medios informativos que consulta, que los comunicadores acuden al lugar de los hechos y que dan un tratamiento imparcial a la cobertura noticiosa. La realidad es que muchas veces no es así.
Resulta que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre otras entidades públicas, hacen convenios publicitarios con la mayoría de los medios de comunicación (sólo no les compran espacios a los que no los tratan bien) para que difundan sus programas y acciones de gobierno pero sobre todo para que se exalte la figura de sus titulares: el gobernador y el presidente municipal. Si no lo ha hecho, amable lector, dé usted seguimiento tan sólo a una semana de noticias en un diario local (en su versión impresa o digital) y se podrá dar cuenta de cómo se magnifican y se colocan a estos personajes como los grandes benefactores de la sociedad que están dispuestos a darlo todo por sus representados.
Sus oficinas de comunicación social mandan a diario boletines de prensa a las redacciones de los medios para que de ahí tomen los datos para hacer sus notas, cuando no sólo copian y pegan parte o todo el comunicado, lo que se puede demostrar comparando, por ejemplo, distintos diarios en un mismo día. Al menos algunos de ellos aparecerán con el mismo texto parcial o totalmente.
Los medios, que suelen afirmar que sus lectores, radioescuchas, televidentes o cibernautas son lo más importante para ellos y que siempre les informan con veracidad, imparcialidad y “sin ataduras” ni compromisos con los poderosos, cotidianamente hacen lo contrario, con dos agravantes de fondo: engañan a sus audiencias al presentarles como información periodística algo que es propaganda política, es decir, les dan “gato por liebre”, y esa proyección de imagen de los mandatarios lo hacen con cargo a los ciudadanos a través del presupuesto público.
Con la suma del presupuesto asignado para los años 2016 y 2017 por el Poder Ejecutivo del estado, el gobernador Juan Manuel Carreras López habrá gastado en el rubro de Comunicación Social y Publicidad al menos 107 millones 193 mil pesos, mientras que el alcalde Ricardo Gallardo Juárez habrá pagado 72 millones 756 mil pesos. Entre ambos, habrán gastado en dos años 179 millones 949 mil pesos en promover su imagen, no en informar con veracidad a la sociedad sobre el estado que guarda la administración pública.
Presupuesto aprobado y ejercido por el Gobierno del Estado 2016-2017 (millones de pesos)
Presupuesto aprobado y ejercido por el Ayuntamiento de SLP 2016-2017 (millones de pesos)
La publicación de estas supuestas noticias, que en el medio periodístico se conoce como gacetillas, data de varias décadas, pero su práctica se ha intensificado en años recientes a tal grado que por la vía de la publicidad, particularmente estos dos gobierno en la entidad (no son los únicos pero sí los que más pagan) ejercen un férreo control sobre los medios informativos y dañan profundamente dos derechos fundamentales y consagrados en la Constitución y las leyes y en tratados internacionales: la libertad de expresión y el derecho a la información. La primera porque evita que los periodistas hagan coberturas noticiosas bajo principios éticos y jurídicos de veracidad, imparcialidad, suficiencia y actitud crítica frente a los hechos que la sociedad tiene derecho a conocer desde sus distintos ángulos y no sólo desde el que los gobiernos convenientemente imponen a las audiencias bajo este mecanismo de control mediático. El segundo porque priva a las audiencias de conocer la verdad de los hechos para formarse un criterio lo más apegado posible a la realidad y tomar decisiones mejor informadas.
¿Se puede confiar en un gobernador o en un presidente municipal que engaña a sus representados presentándoles sólo la “cara bonita” de su gobierno? ¿Se vale que usen dinero que es de todos para hacerse promoción personal con miras a ocupar otro cargo público o para cerrar con buena imagen su gestión? ¿Se vale que dañen conscientemente la libertad de expresión y el derecho a saber que tienen las personas sobre lo que realmente sucede con sus administraciones?
Comprar publicidad a los medios para que se publique cierta información “institucional” que esté claramente identificada y diferenciada para las audiencias respecto de la información periodística, sobre los programas y acciones de gobierno (no para hacer propaganda personalizada), es legítimo porque es una forma de cumplir con el derecho que tiene la gente a saber de lo que hacen sus autoridades, pero debe regularse de manera que haya criterios claros sobre qué y cómo informar para no confundir a las audiencias sobre los contenidos que consume.
Lo que no se vale es que un gobernador o un alcalde engañen a la gente y tomen del patrimonio colectivo carretadas de dinero para promover su imagen con fines muy personales, lo que además está prohibido por el artículo 134 de la Constitución Mexicana.
