Por Alejandro Rubín de Celis
Con la lista inicial de 30 aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) (aunque algunos ya fueron descartados por no cubrir los requisitos de la convocatoria) hay un gran riesgo de que el puesto recaiga en alguien que haya ocupado cargos públicos y/o que tenga nexos con personajes de la clase política potosina y no ofrezca garantías de independencia e imparcialidad en su desempeño, condiciones indispensables para que el órgano fiscalizador cumpla su función técnica como es debido y recupere algo de la credibilidad perdida, especialmente a raíz de la llamada ecuación corrupta.
Los hay desde cercanos a Horacio Sánchez Unzueta cuando fue gobernador en los años noventa, como José Mejía Lira (hasta hace dos años director de fiscalización municipal de la Auditoría Superior del Estado) hasta funcionarios de la actual administración estatal, como Jorge Ovidio Robledo Gómez, contralor interno de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), pasando por cercanos o que fueron colaboradores de ex alcaldes como Roberto Cervantes Barajas o de ex gobernadores como Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo Fernández, varios de los cuales tienen antecedentes cuestionables en el servicio público como ya han dado cuenta de ello algunos medios informativos locales. Hay también funcionarios y exfuncionarios de la ASE, algunos de dudosa reputación.
Pero uno de los casos que más llama la atención es el de Enrique Alfonso Obregón, contralor del ayuntamiento de la capital, que también busca la titularidad de la ASE.
¿Por qué un alcalde como Ricardo Gallardo Juárez dejaría ir a un contralor que tanto le ha servido para tapar sus oscuros manejos financieros, como el caso de los 34 millones pagados a Sandra Sánchez Ruiz y el ocultamiento de los gastos en festivales y dádivas de todo tipo a grupos vulnerables?
Afirma el secretario general del ayuntamiento, Marco Antonio Aranda, que la participación de Obregón como candidato a la dirección de la ASE es una decisión estrictamente personal en la que no hay conflicto de intereses ni injerencia alguna del presidente municipal. ¿De verdad cree este funcionario que los ciudadanos somos tan ingenuos para creerlo? ¿No habrá conflicto de intereses de un funcionario que ha sido fiel a un presidente municipal y ahora quiere ocupar el sitio desde donde se revisan todas las cuentas públicas municipales?
A Gallardo le queda todavía un año como alcalde de San Luis Potosí y tener en la posición más importante de la ASE a uno de sus incondicionales en el manejo de los dineros le vendría muy bien para que le ayude a maquillar u ocultar sus irregularidades financieras, como ya lo hizo Enrique Alfonso Obregón al operar como contralor municipal ante la Auditoría Superior para que, junto con la intervención de tres legisladores, lograra que desaparecieran 33.9 millones de pesos del pliego original de observaciones de la cuenta pública 2015 (cantidad que coincide prácticamente con la que se pagó a Sandra Sánchez Ruiz) y que no se hiciera una sola observación financiera a la cuenta de 2016.
Ricardo Gallardo debe estar muy preocupado (si no es que hasta desesperado) ante la posibilidad de que la empresa de auditoría externa que revisa los procedimientos técnicos aplicados a todos los entes obligados sobre el manejo financiero de 2016 ( y que dio pié a que se rechazaran las 113 cuentas públicas del año pasado después de que se conociera la presunta red de corrupción entre diputados y empleados de la ASE), descubra alteraciones en el caso de la cuenta de San Luis Potosí por las que eventualmente salió sin observación alguna en lo financiero, mientras que, en contraste, la Auditoría Superior de la Federación encontró desvío de fondos federales por 7.4 millones de pesos en dos partidas presupuestales, que representa el 8.2 por ciento de la cantidad entregada al ayuntamiento por la federación en ambas partidas.
Si como ha informado el presidente de la Comisión de vigilancia, Héctor Mendizábal, en la segunda quincena de noviembre habrá nuevo titular de la ASE y la empresa contable Costemalle DFK International concluye antes de terminar el año la revisión de los procedimientos a las cuentas públicas de 2016 como estimó la encargada provisional del órgano fiscalizador, Rocío Elizabeth Cervantes Delgado; Enrique Alfonso Obregón, en caso de ser seleccionado nuevo auditor general, tendría entre un mes y un mes y medio para operar con los auditores de la empresa contable (no sabemos a cambio de qué, ni menos podemos asegurar que los representantes de ese despacho estén dispuestos a aceptar algún ofrecimiento, pero es una hipótesis) para evitar que salgan a la luz pública posibles irregularidades en la finanzas municipales del año pasado.
No solo eso, si llegara Obregón al cargo, Gallardo tendría garantizada una cuenta pública 2017 limpia o casi limpia, como ya sucedió en un primer momento con los estados financieros de 2016.
Es casi seguro que Ricardo Gallardo Juárez buscará la reelección como presidente municipal de San Luis Potosí y de lo que resulte de la nueva revisión de sus cuentas públicas del año pasado y de éste podría depender la posibilidad de que se quede otros tres años en el cargo y con miras a ser candidato a gobernador en el 2021, aunque, claro, está ese recurso casi infalible de las dádivas que tan buenos resultados les han dado a él y a su hijo en las alcaldías de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital.
En buena medida, el papel que jueguen nuevamente las organizaciones de la sociedad civil y los activistas con sus movilizaciones y la presión que ejerzan ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia y los demás diputados, antes y al momento de las respectivas votaciones, será lo que pueda evitar que Enrique Alfonso Obregón o cualquier otro funcionario o ex funcionario público que pueda favorecer a los poderosos, sea nombrado nuevo auditor general del estado, y lograr que sea un personaje independiente del poder y de calidad moral reconocida el que ocupe el cargo y vele por los intereses de la sociedad.
