Por Oswaldo Ríos Medrano
Esta semana la violencia rompió dos nuevas barreras en San Luis Potosí: el primer atentado de impronta terrorista que dejó lesionados a algunos agentes policiales y la privación ilegal de la libertad y asesinato del periodista Edgar Daniel Esqueda Castro, quien previamente había denunciado haber sido víctima de amenazas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Esa entidad cuyo titular es tan afecto a asistir y compartir en redes sociales su sonriente presencia en inauguraciones, besamanos y actos gubernamentales, pero que es tan distante a la hora de comprometerse con su real función de contrapeso ciudadano del poder. El ejemplo que pone Carreras de frivolizar y hacer comodino el ejercicio de la función pública hasta la náusea, cunde como reguero de pólvora.
Decir que el clima de descomposición y violencia es consecuencia del vacío de autoridad de Juan Manuel Carreras es, a estas alturas, un pleonasmo. Incapaz al menos de hacer algún cambio en el gabinete de seguridad y justicia, este gobierno había utilizado la administración de la crisis y la evasión, como mecanismo de contención y de engaño ante la opinión pública.
Los cambios de funcionarios en seguridad pública fueron anunciados antes del primer informe de gobierno y nunca se hicieron. Fueron prometidos cínicamente para antes del segundo, y hasta la fecha tampoco han ocurrido. Las decisiones no se tomaron cuando fue necesario porque Carreras no gobierna en su gobierno; si se hacen, será porque otros factores o actores lo consideraron útil para mantener al gobernador sometido a sus intereses pertrechados. La unión de gobernador ausente y funcionarios poderosos con agendas propias, ha resultado la peor de las combinaciones posibles: un gobierno bueno y capaz. Bueno para nada y capaz de todo.
De cambiar la estrategia ni hablar, porque simplemente no se puede cambiar lo que no existe.
En seguridad pública, el gobierno de Carreras baila al son que le toca la coyuntura, sin capacidad prevención, sin capacidad de reacción, sin capacidad de comunicación, sin capacidad de coordinación, sin capacidad para perseguir el delito, sin capacidad siquiera para reconocer la magnitud de la crisis. La terca realidad ha terminado por hacer unánime, lo que al inicio solo advertíamos muy pocos: en materia de incidencia delictiva, inseguridad pública y violencia, este es el peor gobierno que han tenido los potosinos. Las estadísticas ya no dejan lugar a dudas, y si las hubiera, el miedo que se palpa en las calles las aniquila.
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta el jueves de esta semana se contabilizaban 36 periodistas asesinados, ninguno de ellos en San Luis Potosí. El homicidio de Edgar Daniel Esqueda Castro fue el número 37 y el primero en ocurrir en la entidad, vulnerando a un gremio que de por sí en nuestro estado vive difíciles condiciones cotidianas para ejercer su profesión.
Con salarios muy bajos, utilizando en ocasiones equipos obsoletos, trasladándose como pueden y muchas veces con sus propios recursos, poco valorados por sus jefes de información o por los dueños de sus medios, las y los reporteros de San Luis Potosí demuestran todos los días que de verdad aman su vocación porque de otra manera no se explica esa terca persistencia para hacer lo que les apasiona en condiciones tan adversas. No es justo ni admisible que, a esas duras condiciones, ahora también deba sumarse la amenaza latente de perder la vida por ejercer su profesión.
Como respuesta ante el agravio, más allá de líneas editoriales, intereses, o posturas personales, el gremio periodístico respondió con unidad y sobria firmeza, ante el asesinato de su compañero caído. Protestaron silentes, afuera de Palacio de Gobierno y más tarde, al reunirse con Carreras, lograron que por primera vez, de forma personal y pública, el gobernador atendiera directamente un hecho relacionado con la crisis de violencia y se comprometiera a dar resultados concretos en la investigación y a garantizar condiciones de seguridad para todas y todos los periodistas del estado.
Reunidos en torno a Carreras, buscando la nota y siendo ellos mismos la noticia del día, cuestionaron al gobernador sobre temas tan fundamentales como los siguientes: ¿Cómo va a garantizar el gobierno del estado que el ejercicio periodístico no ponga en peligro la vida de quienes lo ejercen? ¿De qué manera se van a implementar mecanismos concretos de protección a periodistas? ¿Cuándo se va definir el fondo de apoyo a periodistas víctimas y cuál será el mecanismo para darles acceso? ¿Cuáles son los compromisos que le impiden al gobernador hacer cambios en su equipo de seguridad? ¿Cómo va a apoyar el gobierno del estado las denuncias de periodistas víctimas de la delincuencia para que no haya impunidad?
Las preguntas recibieron respuestas estándar del gobernador, no serán tan relevantes como las acciones que tome con el paso de los días demostrando sincera voluntad para responderlas con hechos, o como suele ocurrir, se confirmen como palabrería hueca carente de verdad pronunciada solo para salir del paso.
Un día antes del asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro, un valiente jovencito potosino (quizá de secundaria), sin atemorizarle el equipo de seguridad del gobernador, sin apanicarse por la parafernalia de la Semana Nacional de la Ciencia y sin amedrentarse por las represalias que podría costarle su acción, se plantó frente al gobernador para decirle que su desafortunada declaración de “yo sí puedo caminar tranquilo” le parecía irrespetuosa porque “quizá usted sale con seguridad, pero el ciudadano no sale con protección”.
El digno acto del joven potosino no fue detonado porque se hubiera asesinado a alguno de sus amigos, o a un compañero de la escuela, lo hizo asumiéndose como parte de una comunidad en la que la violencia que se comete a otros, no es solo contra ellos, sino contra todos. Levantó la voz para inconformarse contra una visión egoísta de la vida, pero sobre todo, contra una perspectiva inaceptable para quien es autoridad. La respuesta de Carreras fue la de siempre, hacer como que no lo oía, acatar las instrucciones de su esposa quien le ordenó atender a un grupo de niños y de soslayo responderle al joven “luego lo platicamos”, lo que en el lenguaje carrerista significa nunca.
Quién diría que lo que ese muchacho objetó como todo un hombre a Carreras, sería un día después, el reclamo que se replicaría en la voz de muchos de los reporteros potosinos, consternados por la muerte de quien hasta un día antes los había acompañado a buscar la nota.
En la plaza pública, como arenga. En un acto gubernamental, como resistencia al poder. En un portal, como crítica política. En un periódico, como testimonio de libertad. En cualquier parte y de cualquier forma, a nadie debe imponérsele el silencio para acallar su verdad.
El oficio de la palabra no puede, ni debe, costar la vida.
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