Por Antonio González Vázquez
Machetazo a caballo de espadas: auditores del sector privado auditarán el trabajo de auditores públicos de la Auditoría Superior del Estado en la nueva revisión a las cuentas públicas 2016 de los 113 entes públicos sujetos a revisión por parte de la ASE.
El pleno del Congreso del Estado aprobó el decreto mediante el cual se ordena a la ASE la contratación de un despacho externo que revise a fondo, los resultados de los procedimientos de auditoría que se reponen tras el escándalo de la Ecuación de Corrupción.
Esto es lo que se aprobó.
“Se instruye a la Auditoría Superior del Estado la contratación de un despacho externo, para que realice la revisión de los procedimientos de auditoría antes mencionados. En los casos donde la revisión externa e independiente encuentre que no hubiera apego a los procedimientos de auditoría, se deberá reponer el procedimiento general de auditoría, previo informe al Pleno del H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia.
Que para la revisión externa e independiente que se realice a sus procedimientos, la Auditoría Superior del Estado debe facilitar la información que se le solicite.
Para los efectos de revisión, el despacho externo deberá de apoyarse en la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado, a efecto de que ésta revise en paralelo la actuación del personal que haya participado en los procesos de fiscalización superior y, de ser el caso, aplique las medidas disciplinarias a que haya lugar.
Que el despacho externo dispone de un máximo de 45 días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto para la revisión de los procedimientos, debiendo emitir un informe independiente, mismo que será anexado a cada informe final de auditoría, que deberá ser enviado a la Comisión de Vigilancia para su posterior presentación al Pleno del Congreso del Estado”.
Luego entonces, será un despacho externo el que determine si los informes rendidos por la Auditoría Superior del Estado a la Comisión de Vigilancia, respecto de la Cuenta Pública de los 113 entes públicos, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, y que sus procesos de auditoría se apegaron a los principios de legalidad, posterioridad, anualidad, prosecución del interés público, igualdad, confiabilidad, proporcionalidad, definitividad, imparcialidad, eficacia y buena fe, además de haberse desarrollado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.
