Por Alejandro Rubín de Celis
Y la imposición se consumó. Federico Garza Herrera, procurador y hombre de la entera confianza del gobernador Juan Manuel Carreras López fue ungido como Fiscal General del Estado, un puesto que exigía el mayor grado de autonomía del poder público de acuerdo a los postulados del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.
Se esperaban al menos algunas voces disidentes y votos en contra, pero no, todos y cada uno de los 26 diputados presentes apoyó el nombramiento de Garza Herrera (Manuel Barrera Guillén estuvo ausente en la sesión). Fue una votación unánime en la que no hubo una sola intervención en tribuna y en la que se dispensó la lectura del dictamen de comisiones a pesar de tratarse de un asunto tan relevante como nombrar al primer Fiscal General del Estado de San Luis Potosí.
¿Dónde estaban los diputados de oposición, los del PAN, los del PRD, el de Morena? ¿De verdad todos están convencidos de que Federico Garza Herrera puede ser un fiscal independiente que actúe en favor de la sociedad y que procure justicia de manera imparcial? ¿A cambio de qué le dieron su voto? ¿De dinero o de la promesa de un nuevo puesto público o cargo de elección popular? ¿Por qué el diputado Gerardo Serrano Gaviño le tomó foto a su papeleta ya marcada en la votación? ¿A quién se la envió en ese momento o a caso la guardó para demostrar que él sí voto a favor del ungido? Qué vergüenza de legislatura. La peor de todas.
No cabe duda que fue una operación política cuidadosa la que emprendió el gobernador (quién sabe a cambio de que compromisos o acuerdos) para “convencer” a todos los legisladores que estuvieron en la sesión de que votaran a favor de su alfil. Se esperaba que algunos diputados del PAN como Xiltlálic Sánchez, Jorge Díaz Salinas y Mariano Niño votaran en contra y que eventualmente hicieran lo propio los perredistas Dulcelina Sánchez, Graciela Gaitán y Sergio Desfassiux, así como el morenista Jesús Cardona Mireles, pero nada. Y para apagar las protestas en la sala de plenos, burócratas y amigos del ungido y de sus hijos ocuparon la mayoría de las butacas y aplaudieron mientras se mencionaba cada voto a favor del notario con licencia.
En esta ocasión no se sintió la presencia de las organizaciones de la sociedad civil que se habían manifestado cuando se aprobó la eliminación del fuero, la solicitud de licencia de tres de los cuatro diputados señalados en la ecuación corrupta, y en el rechazo a la modificación del contrato entre el Ayuntamiento de la capital y Panavi. Sólo acudieron a protestar por la designación de Garza Herrera integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción y algunos abogados y activistas en lo individual.
Fue electo Fiscal General del Estado un procurador que ha sido incapaz en más de cuatro meses de deslindar responsabilidades sobre la red de corrupción que opera entre diputados, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y alcaldes, y que actuó de manera tardía para iniciar una investigación luego de que se dio a conocer una nómina secreta en la ASE y el desvío de 34.5 millones de pesos en ese órgano fiscalizador destinados a la Dirección de Pensiones del Estado, sólo por mencionar dos casos recientes.
Pero sobre todo y lo más preocupante es que se trata de un funcionario del sistema (con todo lo que eso implica), cercanísimo al gobernador, que no se atreverá a tocarlo ni con el pétalo de una averiguación, en caso de incurrir en faltas graves a la ley o en actos de corrupción. Ya pueden estar tranquilos también los miembros del gabinete y funcionarios de alto nivel allegados al mandatario que igualmente quedaron protegidos a priori con el manto de la impunidad.
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en San Luis Potosí está muerto. Quedó sepultada la escasa credibilidad que la ciudadanía aún tenía en él, después de que la Comisión de Selección del SEA ha sido incapaz en semanas de relevar a Jesús Sierra Acuña, quien incumplió los términos de la convocatoria para ser nombrado miembro del Comité de Participación Ciudadana y de resolver el problema de equidad de género que se presenta en ese órgano supuestamente ciudadano, y que termina por sucumbir con el nombramiento del fiscal carnal de Juan Manuel Carreras López.
¡Que viva el Estado de Derecho!… y la simulación también. A ver cuándo la sociedad vuelve a creer, aunque sea mínimamente, en la clase política potosina y sus supuestos sistemas y mecanismos anticorrupción.
