Gallardo le reconoció 21 años de servicio; en litigio 13

Por Eduardo Delgado

El Ayuntamiento capitalino pretende “recortarle” ocho de 22 años de servicio a Olivia Díaz Solórzano, pese a que en enero de 2016 el alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, le entregó un reconocimiento por sus entonces 21 años de antigüedad.

En diciembre del año anterior, como cientos de trabajadores, Olivia fue despedida y ella demandó despido injustificado. Diez meses después el litigio laboral en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) no ha concluido.

Para comprobar que Olivia empezó a laborar en el Ayuntamiento en el 2003, no 8 años antes (1995), la autoridad municipal presentó como prueba un falso contrato de inicio de labores en el TECA.

En contraparte la afectada aportó el reconocimiento que recibió de manos de Gallardo Juárez en enero de 2016, por sus entonces 21 años de servicio ininterrumpido.

El pasado viernes, en el tribunal, se celebró la segunda audiencia del expediente 108/2017/M6 y durante ella le fue presentado el supuesto contrato de inicio de su relación laboral con el Ayuntamiento a partir del uno de agosto de 2003.

“Le voy a poner a la vista el contrato que está en cuestión”, le dijo la secretaria a Olivia, quien le pidió revisarlo con detenimiento para cuestionarla enseguida respecto del documento.

Le interrogó si reconocía como suya la firma del documento. La respuesta fue negativa. Igual respondió Olivia acerca de si reconocía el contenido del contrato.  

Enseguida el abogado de Olivia solicitó “se tenga por ofrecida y admitida la prueba pericial caligráfica, grafoscópica y en documentoscopia” del contrato en cuestión.

Asimismo, el defensor laboral de Olivia solicitó certificar la ausencia del representante legal del Ayuntamiento en la audiencia de desahogo de pruebas, “con lo que se puede tener por presuntamente cierto el despido injustificado de Olivia”.

Acerca del documento, expuso que en virtud de que su representada desconoce su firma y el contenido del contrato “se trata de un documento alterado”, que debe ser examinado por un perito en la materia.

Sostuvo que “a la señora la hicieron firmar documentos en blanco”, lo cual es una práctica recurrente de parte de los patrones en cualquier empresa.

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