Por Alejandro Rubín de Celis
El amplio catálogo de observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2016 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuyo monto asciende a 420.5 millones de pesos como resultado de la fiscalización únicamente de dos fondos federales, hace previsible la reintegración de grandes sumas de dinero a la federación. Pueden ser hasta cientos de millones de pesos. Con buen margen de certeza, el órgano fiscalizador estima como “recuperaciones probables” 331 millones de pesos tan sólo por irregularidades en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). El otro es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). En los dos se advierte: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal…”
¿Y de dónde saldrá el dinero que se tenga que reembolsar? Hay dos opciones claras y ambas afectan el patrimonio público: el erario municipal o la contratación de deuda. Hay una tercera que podría reponer parcialmente el daño causado que consiste en que quienes desviaron recursos para fines particulares, los devuelvan, aunque es muy poco probable que eso suceda ante los probados niveles de impunidad que existen frente a la corrupción en la entidad.
Ya en febrero de este año, el Ayuntamiento encabezado por Ricardo Gallardo Juárez tuvo que devolver, de las arcas municipales, 5.6 millones de pesos a la Tesorería de la Federación por falta de documentación comprobatoria en el Fondo para el Otorgamiento de Subsidio a los Municipios en el renglón de seguridad pública (verificar aquí. Página 9) por el que se le entregaron 65.2 millones de pesos el año pasado, según se desprende de la primera etapa de auditorías aplicadas por la ASF.
La relación de anomalías en la segunda etapa de auditorías refleja el verdadero talante de una administración opaca y sin control (¿deliberadamente?) del uso y destino de los recursos públicos: realizar retiros bancarios sin presentar documentos comprobatorios y que justificaran la disposición de los recursos (7.7 millones de pesos), falta de acreditación de que el gasto realizado cumple con el destino y objetivos del fondo (57.9 mdp. FISM), falta de documentación comprobatoria y justificada de las nóminas pagadas al personal de Seguridad Pública (67.8 mdp), falta de acreditación de que el gasto realizado cumple con el destino y objetivos del fondo (245.8 mdp. FORTAMUN), entre otras (verificar la lista de observaciones aquí).
El 15 de agosto pasado el Ayuntamiento envió a la ASF los oficios DDS/314/2017 y DDS/315/2017 en un intento por subsanar las inconsistencias pero la respuesta del órgano fiscalizador fue contundente en ambos casos: “… derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado…”.
Ricardo Gallardo Juárez se encuentra entre la espada y la pared pues a las dificultades y escaso tiempo que su administración tiene para justificar las irregularidades sobre el gasto federal se agrega la intervención de un despacho externo propuesto por la propia ASF que revisa la legalidad del procedimiento que siguió el personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la fiscalización de las finanzas municipales correspondientes al ejercicio 2016 y que salieron limpias.
¿Qué pasaría si el despacho contratado por el Congreso del Estado (Costemalle DFK International), encuentra violaciones a la ley en la aplicación de la auditoría practicada y que fue rechazada junto con las de los otros 112 entes auditables del estado a consecuencia de la ecuación corrupta? El diputado Héctor Mendizábal Pérez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, ha informado que de acuerdo al decreto correspondiente tendría que reponerse la auditoría a la Cuenta Pública 2016 del Ayuntamiento de San Luis Potosí “completa”.
Y eso sí que es para poner nervioso a Ricardo Gallardo y sus colaboradores involucrados en el manejo de la hacienda municipal pues frente a elementos tan contundentes sobre el presumible desvió de recursos y otros probables ilícitos en el uso y destino de 420.5 millones de pesos solamente en dos fondos federales, es de suponerse que en una nueva auditoría, apegada a derecho y sin la intervención de diputados y de otros grupos de poder, saldrán a relucir múltiples irregularidades en el manejo de las finanzas municipales.
Es previsible que el despacho externo que hace la revisión del procedimiento que siguió el órgano local de fiscalización llegue a las mismas o similares conclusiones que la ASF y de su informe se desprenda que se debe repetir la auditoría a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de la capital.
Bajo este escenario, la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes estaría sometida a una prueba de fuego en la que tendría que demostrar la supuesta independencia que guarda frente a los grupos de poder político, en este caso el de los Gallardo -padre e hijo-.
La Iglesia Católica -en palabras de su vocero Juan Jesús Priego Rivera- no tiene duda y la mayoría de los ciudadanos conscientes tampoco, de que hubo “mano negra” en la revisión de la ASE en la que la administración gallardista salió con cero observaciones financieras.
No hay vuelta de hoja: si el Congreso del Estado y la ASE quieren recuperar un mínimo de credibilidad ciudadana, la auditoría a la Cuenta Pública 2016 se debe repetir y, sin demagogias, llegar hasta sus últimas consecuencias.
