Por Alejandro Rubín de Celis
Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) se reunieron el miércoles 29 de noviembre con miembros de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados en lo que se podría interpretar como un “grito desesperado” de la sociedad civil ante la ausencia de Estado de Derecho en San Luis Potosí.
Desde el 12 de junio pasado, cuando se hizo público el video en el que el ex diputado Enrique Flores hacía gala de la forma como opera la maquinaria de la corrupción entre diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y hasta la fecha, los habitantes del Estado hemos presenciado, ahora con más claridad que en otras épocas, las estrategias y engaños que emplea la clase política para evitar que se castigue a miembros de esa casta privilegiada.
En la desesperación por no encontrar cauces para hacer efectiva la acción de la justicia en las instituciones locales, entre otros casos por la llamada ecuación corrupta, representantes de organizaciones sociales agrupados en el Frente Ciudadano Anticorrupción se reunieron con legisladores que integran la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados a quienes entregaron un pliego petitorio en busca de que intervengan instancias federales y se pueda hacer justicia en San Luis Potosí, al menos en los casos más recientes de evidente corrupción.
Los dirigentes sociales solicitan a los legisladores de la Comisión proponer un punto de acuerdo al pleno de la Cámara de Diputados para que ésta solicite oficialmente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a efecto de que atraiga para su revisión las cuentas públicas locales con mayor grado de sospecha por presuntas irregularidades, tanto de la revisión de 2016 como de años anteriores; un segundo punto de acuerdo para que la PGR evalúe la conveniencia de intervenir si detecta la comisión de delitos por desvió de recursos federales, si hubo alteración a las observaciones que hizo la ASE y si se registraron actos de extorsión para el maquillaje de cuentas; y realizar una auditoría especial a las cuentas públicas que resultaron sin observaciones financieras (en una clara alusión a la cuenta del Ayuntamiento de San Luis Potosí que encabeza Ricardo Gallardo Juárez).
También les pidieron su apoyo para que ciudadanos puedan acceder a las cuentas públicas 2016 y anteriores, a fin de que identifiquen anomalías y puedan denunciarlas, y para dar seguimiento a denuncias ya presentadas ante la autoridad por irregularidades financieras detectadas gracias al ejercicio del derecho de acceso a la información pública de ciudadanos y que se apliquen las sanciones correspondientes, entre otras solicitudes.
El SOS de los dirigentes sociales obedece a que en casi seis meses no ha habido resultados por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado sobre las averiguaciones por la ecuación corrupta y por ende castigo a los presuntos responsables (entre ellos cuatro diputados); a que persisten serias dudas por el presunto “maquillaje” a las cuentas públicas 2015 y 2016 del ayuntamiento de la capital, en particular por el posible desvió de más de 34 millones de pesos en la supuesta compra de medicamentos y porque la del año pasado no tuvo una sola observación financiera; y a que hay serias dudas de que la nueva titular de la ASE, Rocío Cervantes, esté haciendo un trabajo de fondo por combatir las causas que han producido diversas formas de corrupción entre el organismo a su cargo y el Congreso local como la extorsión de alcaldes, el desvío de fondos para beneficiar a ciertos proveedores o de otros recursos aportados para pensiones cuyo destino se desconoce, o la creación de una nómina secreta.
Después de que despidieron a José de Jesús Martínez Loredo a causa de la ecuación corrupta Rocío Cervantes fue designada encargada de despacho en junio pasado y conjuntamente con la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo dispusieron la contratación de un despacho externo (Costemalle DFK) en principio para revisar el proceso de fiscalización de los auditores de la ASE a las cuentas 2016 de tres ayuntamientos: San Luis Potosí, Guadalcázar y Ébano, en los que había fundadas sospechas de irregularidades, que luego se extendió por disposición de la Comisión de Vigilancia (y ya con Cervantes como auditora general) a las cuentas públicas de los 113 entes auditables del estado, cuyos informes finales fueron rechazados por los diputados gracias a la presión ciudadana.
¿Y qué ha pasado con la revisión del despacho externo al proceso de fiscalización de las cuentas de San Luis Potosí, Guadalcázar y Ébano? Han pasado ya cuatro meses de que inició esa revisión y nada se sabe al respecto. De las demás, la verificación de los procedimientos implementados por la ASE inició a mediados de noviembre y la Comisión de Vigilancia anunció que los resultados estarán listos hasta el 5 de enero de 2018.
La dilación y falta de transparencia en estos procesos no sólo genera zozobra sino también desconfianzas y suspicacia entre ciudadanos, activistas y organizaciones civiles sobre la veracidad de los resultados que pueda arrojar esta especie de “auditorías de las auditorías”.
Por eso y por todo el conjunto de hechos recientes que presentan visos de corrupción sin que el Congreso, la ASE y la Procuraduría muestren la voluntad necesaria para que se haga justicia y se castigue a los responsables, es que el Frente Ciudadano Anticorrupción ha tenido que acudir a solicitar el auxilio de entidades federales. Pero eso no podrá suceder siempre.
¿Qué vamos a hacer los ciudadanos para que en San Luis Potosí exista un auténtico Estado de Derecho y que no tengamos que recurrir a instancias federales para que haya justicia verdadera y se combata la corrupción y la impunidad?
