Alejandro Rubín de Celis
Era de esperarse la reacción sin sustento que tuvieron el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, funcionarios de los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí y dirigentes del PRD en relación al reportaje que en paralelo publicaron Astrolabio Diario digital y el semanario Proceso y que reprodujeron o mencionaron algunos medios locales y nacionales, que pone en relieve la forma como en ocho años los Gallardo ─incluidos el presidente municipal, su hijo Ricardo Gallardo Cardona y familiares cercanos─ incrementaron exponencialmente su patrimonio inmobiliario, calculado en al menos 120 millones de pesos.
El argumento principal que emplearon Gallardo Juárez y sus incondicionales es que se trata de un golpeteo político relacionado con la coyuntura electoral ─en la que el alcalde de San Luis Potosí tiene especial interés pues quiere repetir en el cargo o buscar una senaduría─, con el cual pretenden desacreditar dos investigaciones apegadas a estándares internacionales en materia periodística.
Se trata de sólidas investigaciones basadas en datos duros y documentos, buena parte de ellos de orden público, que se pueden consultar en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
La preocupación de los gallardistas porque los potosinos no leyeran el reportaje publicado en Proceso fue tal que instrumentaron una estrategia de recolección masiva de los ejemplares impresos que llegaron a los puestos de periódicos y revistas de la ciudad, los cuales se agotaron en unas cuantas horas. Sólo algunas decenas de personas lograron conseguir un ejemplar.
Sin hacer mención a esos reportajes pero refiriéndose a ellos, Ricardo Gallardo Juárez ha declarado a los medios: “los ataques no cesarán y más por estar en plenas campañas electorales, pero siempre tendremos respuesta que aclare cualquier cuestionamiento en mi contra, el trabajo hablará por mí y por la administración municipal… Las acciones, programas y obras son constancia de nuestra labor y así seguiremos, ya que de esa manera acallaremos esas voces que sólo buscan denostar los logros del Ayuntamiento”.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Barajas Ábrego dijo sobre ambos trabajos: “No son publicaciones en las cuales certeramente estén comprobando (irregularidades en el crecimiento del patrimonio de los Gallardo)… (es) muy lamentable que este tipo de publicaciones salgan con ese tipo de sesgos…”.
Es muy fácil tratar de desacreditar una investigación periodística bien sustentada diciendo que es un golpeteo político, lo difícil es demostrar con pruebas que esa investigación no está bien fundamentada.
No se trata de responder a datos duros diciendo que se trabaja mucho, que se ha hecho mucha obra o que se ha reducido la deuda municipal como lo ha hecho el alcalde ─lo de la deuda municipal, por cierto, ya ha sido desmentido en la prensa─, se trata en todo caso de que demuestre cómo él y su familia han amasado legalmente esa fortuna en tan poco tiempo, con una empresa en quiebra y pocos bienes inmuebles hasta antes de 2009, primer año en el que Ricardo padre ocupó la presidencia municipal de Soledad.
Así es que el reto para los Gallardo es contrastar, con documentos e información confiable, la supuesta falsedad en las investigaciones periodísticas, si es que realmente han obtenido todas esas propiedades y negocios de manera lícita, y que no hagan como en el caso de Sandra Sánchez Ruiz sobre el cual la administración de Gallardo Juárez nunca pudo comprobar la supuesta compra de medicamentos por 34.7 millones de pesos ─cifra que luego se elevó a más de 66 millones de pesos─, para la cual presentaron documentos sin firmas y factura apócrifas.
La Procuraduría de Justicia del Estado ─en transición a Fiscalía General del Estado─ ha dicho que para que esa instancia inicie una averiguación por el presunto uso indebido de recursos públicos para la adquisición de bienes inmuebles de los Gallardo se requiere de la presentación de una denuncia y esperar al análisis de las cuentas públicas municipales ─se entiende que las de 2016 y 2017─ para saber si realmente se cometieron delitos en este caso particular.
Sin embargo, abogados consultados señalan que para el caso aplica el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su primer párrafo señala:
“La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.
Así es que no habría excusa para que la Procuraduría inicie las indagatorias correspondientes, pero si persistiera en su postura, basta con que un ciudadano u organización civil presente la denuncia para que esa instancia abra una carpeta de investigación.
Dejar pasar este caso de posible enriquecimiento ilícito, así como está sucediendo en el de la llamada Ecuación Corrupta que lleva meses sin que se conozcan avances en las investigaciones o castigo a presuntos responsables, profundizaría la sospecha de que en San Luis Potosí también hay un pacto de impunidad en el que los integrantes de la clase política se protegen unos a otros para no ser alcanzados por la justicia.
