Alejandro Rubín de Celis
Con el anuncio de la presentación de una denuncia penal contra Ricardo Gallardo Juárez, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) vino a retomar un asunto que parecía haber quedado en el olvido: el pago millonario a la supuesta proveedora de medicamentos, Sandra Sánchez Ruiz.
El alcalde de San Luis Potosí y sus colaboradores más cercanos creyeron que ya se habían librado de ese incómodo asunto que les generó un fuerte desgaste político durante 2016, pues había pasado más de un año sin que el tema estuviera en la agenda pública. Pero regresó el FCA a sus actividades cívicas y lo rescató para evitar que se convierta en un caso más de impunidad, lo que sin duda es una buena noticia para los habitantes del municipio.
Sin embargo, es conveniente recordar que ya hace más de un año, un particular, Rodolfo Isaac Monsiváis Morquecho, presentó querella contra Gallardo Juárez y Sánchez Ruiz ante el SAT, la PGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por presuntas irregularidades en la operación de compra-venta de los medicamentos.
¿Qué ha pasado con esas denuncias? ¿Cuál es el estado que guardan las investigaciones en esas instancias? Se sabe que Sandra Sánchez Ruiz presentó un amparo para evitar ser investigada por el SAT que en una primera instancia no prosperó y que mediante recurso de revisión la enigmática proveedora ─a través de sus abogados─ logró la reposición del juicio, pero hasta ahí. De la investigación abierta por la Procuraduría local nada se sabe, lo cual demuestra que después de año y medio de haberle dado entrada a la denuncia de Monsiváis Morquecho la Procuraduría no tiene el más mínimo interés por resolver el asunto. ¿Será acaso que el gobernador Juan Manuel Carreras protege al alcalde como parte de un acuerdo entre ambos para cuidarse las espaldas mutuamente, como lo han señalado algunos medios y periodistas?
Siendo realistas y con el antecedente del hermetismo que se guarda en el caso de la llamada Ecuación Corrupta a ocho meses de que se reveló esa red de complicidades entre diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, es de suponerse que la denuncia de Monsiváis Morquecho se encuentra guardada desde hace mucho tiempo en el cajón de los casos que por razones políticas no deben resolverse.
De ahí que cobra especial importancia el anuncio del Frente Ciudadano Anticorrupción de retomar el tema y presentar una denuncia penal contra Ricardo Gallardo Juárez por el asunto de la supuesta compra de medicamentos, cuya adquisición legal y justificada nunca pudo comprobar la administración gallardista que hasta llegó a falsificar documentos en su fallido intento por demostrarlo.
El caso es de suma gravedad pues se trata de un posible desvió de recursos públicos por más de 66 millones de pesos y cuyo destino hasta ahora se desconoce. Es relevante porque el posible delito en el que se hubiera incurrido atenta contra el patrimonio común y reduce las posibilidades de mejoría en las condiciones de vida de los habitantes del municipio de San Luis Potosí. Su esclarecimiento es imperativo por la razón última de que los ciudadanos tenemos derecho a saber a dónde fue a dar todo ese dinero, a que se reponga si se hizo mal uso de él, y a que se castigue de acuerdo a la ley al responsable de este presunto delito en caso de comprobarse, que en este caso sería Gallardo porque es contra él directamente la denuncia.
Pero así como la denuncia de Monsiváis Morquecho ante la Procuraduría está prácticamente olvidada, así existe el riesgo de que la nueva querella que presente el FCA inicie con declaraciones de funcionarios de que se llegará hasta sus últimas consecuencias y al paso del tiempo no suceda nada, ni se conozcan los resultados de las indagatorias.
Por eso, es indispensable que la ciudadanía apoye esta nueva causa para ejercer la presión suficiente y obligar a la autoridad a que realice una investigación pronta y expedita que deslinde responsabilidades, si es que las hay ─aunque las pruebas mostradas por la prensa y otros actores son de tal contundencia que es difícil pensar que no hay delito que perseguir─.
El reducido grupo que conforma el Frente Ciudadano Anticorrupción, pese al reconocible esfuerzo que ha hecho porque se combatan hechos ilegales o de presumible corrupción, no tiene la capacidad ni la fuerza suficientes para sostener la exigencia de que se haga justicia en este caso. Se requiere de que la ciudadanía asuma su responsabilidad de exigir a las autoridades que hagan lo que les corresponde de acuerdo a la ley y no dejar en manos de un grupo de activistas que integran una pequeña organización todo el paquete de presentar la denuncia y darle seguimiento hasta su conclusión.
La responsabilidad es de todos porque el eventual daño causado es en agravio de todos, no de unos cuantos. El desgaste ha sido enorme en otros casos y al final se ha dejado solos a los integrantes del Frente y a los de otras organizaciones civiles, colectivos y activistas. Así no es posible combatir la corrupción y la impunidad de la que tanto nos quejamos en el café o la sobremesa y en todos esos espacios de confort donde nos gusta permanecer cómodamente, y más sabiendo que se nombraron fiscales carnales que obedecerán las órdenes del gobernador y no las exigencias de justicia.
Ya es tiempo de que la sociedad asuma su rol de mandante y exija resultados a una autoridad que en más de un caso ha atendido a razones políticas y no judiciales.
